Puntos Clave de la Noticia:
- Petición ante el tribunal supremo: La defensa legal de Sam Bankman-Fried presentó formalmente una solicitud de revisión (certiorari) ante la Corte Suprema de Estados Unidos el 10 de septiembre de 2026 para impugnar su condena y su sentencia de 25 años de prisión.
- Monto bajo disputa procesal: El exejecutivo sostuvo que la fiscalía expuso al jurado un cálculo superior a $10.000 millones en supuestas pérdidas de depositantes sin permitirle presentar pruebas sobre las recuperaciones posteriores de la quiebra.
- Orden patrimonial y precedentes: El fallo judicial de primera instancia fijó una confiscación patrimonial de $11.000 millones, ratificada el 12 de junio de 2026 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito bajo la doctrina de fraude electrónico sin pérdida económica neta requerida.
El fundador y ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried afirma que el tribunal bloqueó pruebas clave en el caso de las pérdidas de $10.000M de FTX. El prisionero se manifestó a través de mensajes autorizados emitidos de la prisión, este lunes 14 de septiembre.
Michael Smerconish discusses my case and Supreme Court appeal. Judge Kaplan allowed the government to (falsely) claim over $10 billion of depositor losses — and prohibited me from responding. https://t.co/6CVRAU3Qim
— SBF (@SBF_FTX) September 14, 2026
Las declaraciones se hicieron públicas 4 días después de que su equipo legal solicitara a la Corte Suprema de Estados Unidos una revisión sobre su condena de siete cargos penales dictada en noviembre de 2023. Una fuente reportó que, el argumento central de la defensa plantea que el juez de distrito Lewis A. Kaplan permitió al gobierno detallar cifras masivas de pérdidas económicas frente al jurado, pero restringió la capacidad de la defensa para contrarrestar esos números.
El abogado principal ante la Corte Suprema, Jeffrey Fisher, explicó en una entrevista con Michael Smerconish que al jurado se le ocultó que los fondos y las recuperaciones de la masa de la quiebra alcanzaban para compensar las reclamaciones de los usuarios. Según los argumentos expuestos por la defensa en su documentación procesal, la orden de decomiso de $11.000 millones podría representar una sanción excesiva bajo la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense.
Por su parte, los fiscales federales mantuvieron su postura jurídica sostenida desde la sentencia de marzo de 2024, cuando calcularon el impacto sobre los clientes en torno a $8.000 millones. Para la parte acusadora, la malversación de activos existió en el instante en que los saldos de los clientes se transfirieron sin autorización hacia la firma de corretaje cuantitativo Alameda Research.
El historial procesal y el debate sobre la solvencia de FTX
La plataforma FTX suspendió retiros y se declaró en bancarrota en noviembre de 2022, momento en el cual Bitcoin cotizaba cerca de los $16.800 en el mercado al contado. En aquel periodo, el desbalance patrimonial precipitó investigaciones gubernamentales por el desvío indebido de depósitos hacia inversiones de riesgo y gastos corporativos.
El 12 de junio de 2026, el Segundo Circuito de Apelaciones ratificó la condena y el castigo de 25 años de cárcel impuesto a Bankman-Fried. Los jueces de apelación concluyeron que la evidencia gubernamental era sólida y citaron el precedente del caso Kousisis v. United States, donde se estableció que el delito de fraude electrónico no exige demostrar una pérdida neta final para sostener la culpabilidad penal.
La estrategia legal del fundador busca ahora refutar la asimetría del proceso judicial previo. Según los escritos entregados al tribunal máximo, si la fiscalía no requería demostrar una pérdida neta consumada, el tribunal tampoco debió autorizar la exposición de balances multimillonarios sin permitir la réplica técnica de la defensa.
En paralelo, los administradores del proceso de insolvencia de FTX confirmaron pagos a los acreedores calculados sobre el valor nominal en dólares registrado en noviembre de 2022. Pese a estas distribuciones, las autoridades judiciales consideraron que los reembolsos tardíos no anulan el acto ilícito inicial.
En el ámbito político, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la Resolución 772 el 15 de julio de 2026, donde manifestó su rechazo formal a cualquier indulto presidencial para el exejecutivo tras una solicitud de clemencia tramitada en junio del mismo año.
La Corte Suprema de Estados Unidos comunicará si acepta o desestima la solicitud de revisión antes de que concluya el último trimestre de 2026, un paso que define si la condena de 25 años y la sanción de $11.000 millones quedan firmes en su totalidad.
