Puntos Clave de la Noticia:
- Kara Calvert, vicepresidenta de política en EE. UU. de Coinbase, afirmó que un mayor número de legisladores demócratas entrantes reconoce la necesidad de marcos normativos claros para los activos digitales.
- La iniciativa legislativa federal CLARITY Act se detuvo en septiembre tras discrepancias vinculadas a regulaciones éticas sobre funcionarios públicos.
- Los comités de acción política del sector cripto acumularon casi 200 millones de dólares en fondos durante el ciclo electoral de 2026.
Kara Calvert, vicepresidenta de política en Estados Unidos de Coinbase, declaró que un número creciente de legisladores del Partido Demócrata respalda el establecimiento de reglas cripto más claras para la industria financiera digital.
Durante una comparecencia pública, la ejecutiva sostuvo que el ecosistema de los activos digitales ya dejó de ser un mercado de nicho para integrarse de forma directa en la infraestructura financiera cotidiana de los Estados Unidos. Calvert señaló que este cambio de perspectiva se refleja en las posturas iniciales adoptadas por los nuevos representantes electos que asumirán funciones legislativas.
A juicio de la directiva, los resultados de los comicios legislativos no representaron un referéndum adverso sobre el sector. La próxima composición del Congreso estadounidense contará con la mayor cantidad de legisladores favorables a los activos digitales registrada hasta la fecha entre miembros de primer ingreso.
Disputas normativas y el curso legislativo de la Clarity Act
El debate parlamentario sobre la estructura de mercado continúa condicionado por la paralización de la Clarity Act. Dicha propuesta, diseñada con el propósito de fijar un marco regulatorio federal y delimitar las competencias supervisoras de los organismos financieros, vio interrumpido su avance el pasado mes de septiembre.
El estancamiento del proyecto respondió a desacuerdos específicos entre las bancadas. Varios legisladores demócratas condicionaron el progreso del texto a la inclusión de cláusulas restrictivas que impidan a funcionarios federales de alto rango y sus familiares obtener beneficios patrimoniales mediante negocios con criptomonedas.
Calvert explicó que, aunque la legislación bipartidista podría enfrentar dificultades técnicas durante el próximo periodo de sesiones, el consenso técnico sobre la necesidad de certidumbre regulatoria abarca a miembros de ambos partidos. La ejecutiva remarcó que las normas transparentes ofrecen protección al consumidor y retienen la innovación técnica dentro del territorio estadounidense.
El sector corporativo mantiene canales de diálogo abiertos con los diferentes comités parlamentarios. Sobre la posibilidad de que la nueva configuración del Congreso impulse investigaciones o citaciones sobre plataformas de intercambio, Calvert indicó que las decisiones finales dependerán exclusivamente de los presidentes designados para liderar los comités correspondientes.
La ejecutiva subrayó que Coinbase opera bajo los requisitos de supervisión propios de una entidad pública que cotiza en bolsa. La empresa mantendrá su política de comparecencia y entrega de datos ante los reguladores y legisladores con independencia del balance de mayorías partidarias en ambas cámaras.
En el ámbito del poder ejecutivo, las directrices regulatorias complementarias siguen bajo evaluación de agencias federales. La SEC y la CFTC continúan la redacción de directrices secundarias, en paralelo con las labores técnicas vinculadas a la implementación de la ley GENIUS Act.
El inicio formal del nuevo periodo de sesiones del Congreso de Estados Unidos está programado para enero de 2027, fecha en la que se definirá la reactivación formal de los debates en comisiones sobre el marco legal definitivo para los criptoactivos.
