Canadá avanza hacia una prohibición nacional de los cajeros automáticos de criptomonedas, un giro llamativo para un país que en su momento ayudó a presentar estas máquinas al público. La propuesta aparece en la Actualización Económica de Primavera de 2026 de Ottawa, publicada el 28 de abril, y apunta a los quioscos de Bitcoin y otras criptomonedas que las autoridades ahora describen como infraestructura de alto riesgo para el fraude y el lavado de dinero. Lo más desconcertante es el contraste: una herramienta que antes se vendía como acceso fácil a las criptomonedas ahora es presentada por el gobierno como un canal preferido para que estafadores y criminales conviertan efectivo, en medio de una creciente preocupación por los abusos contra usuarios minoristas.
Ottawa apunta al puente entre el efectivo y las criptomonedas
La prohibición eliminaría gradualmente las máquinas independientes que suelen encontrarse en centros comerciales, gasolineras y tiendas de barrio, aunque todavía permitiría a los canadienses comprar monedas virtuales a través de negocios físicos de servicios monetarios. Esa diferencia importa. Ottawa no intenta bloquear todas las compras minoristas de criptomonedas, sino retirar el modelo de quiosco que puede convertir efectivo en activos digitales rápidamente, con poca fricción y escasa supervisión humana. En términos regulatorios, el objetivo es la puerta física de entrada al ecosistema cripto, especialmente en situaciones donde las víctimas pueden ser presionadas para depositar efectivo antes de entender que la operación no puede revertirse fácilmente, muchas veces bajo intimidación frente a la propia máquina.
El plan también tiene un peso simbólico porque Canadá albergó el primer cajero de Bitcoin disponible públicamente, instalado en una cafetería de Vancouver en 2013. Desde entonces, el país se ha convertido en uno de los mercados con mayor densidad de cajeros cripto del mundo, con 10,1% de las máquinas globales y solo por detrás de Estados Unidos. Esa historia hace que el giro sea especialmente brusco. La narrativa canadiense de comodidad cripto temprana se ha convertido en un pasivo de cumplimiento, al menos para reguladores que enfrentan casos vinculados con estafas fiscales, fraudes románticos, falsos servicios de recuperación de cuentas hackeadas y redes criminales extranjeras que aprovechan la liquidación rápida.
La prohibición de cajeros forma parte de un endurecimiento regulatorio más amplio, no de una medida aislada. La misma actualización refuerza una nueva Agencia de Delitos Financieros y otorga a FINTRAC más autoridad para rechazar o revocar registros de negocios de servicios monetarios que incumplan las normas, incluidas las empresas cripto. Ottawa también promulgó un marco federal para stablecoins bajo el Proyecto de Ley C-15 y avanza con el Proyecto de Ley C-25 para prohibir donaciones en criptomonedas en la política federal. Para el sector, la próxima prueba es la supervivencia regulatoria, porque Canadá no solo está retirando máquinas; está redibujando el perímetro del riesgo cripto minorista, la exposición en financiamiento político y la supervisión de stablecoins.
