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Sábado, 21 de noviembre de 2026 Actualizado

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Escándalo de fraude cripto de $560 millones: la SEC apunta a Backward Hat Capital por presunto esquema Ponzi 

La SEC acusa a Backward Hat Capital y a sus cofundadores de recaudar USD 560 millones de más de 2.000 inversores mediante un presunto esquema Ponzi cripto.

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Backward Hat Capital

Puntos Clave de la Noticia:

  • La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó cargos civiles y obtuvo una congelación de activos de emergencia contra Backward Hat Capital el 20 de noviembre de 2026.
  • Según la denuncia de la SEC, la firma recaudó aproximadamente $560 millones de más de 2.000 inversores desde julio de 2022 prometiendo retornos mensuales mínimos del 6%.
  • Los reguladores alegan que más de  $250 millones se destinaron a pagar a inversores anteriores y más de $ 220 millones fueron transferidos directamente a los fundadores.

La SEC presentó cargos por fraude contra Backward Hat Capital, una firma con sede en Indianápolis, y sus cofundadores por operar un presunto esquema Ponzi valorado en $560 millones. El tribunal federal otorgó al regulador una orden de restricción temporal y la congelación inmediata de los activos vinculados a los acusados.

De acuerdo con la demanda civil presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana, los responsables captaron capital de más de 2.000 participantes entre julio de 2022 y octubre de 2026. La documentación judicial señala que la empresa prometía convertir el dinero fiduciario de los clientes en activos digitales para ejecutar operaciones de divisas mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Los promotores aseguraban a los participantes que estas estrategias de arbitraje de alta frecuencia generarían rendimientos mínimos del 6% mensual. La SEC sostiene en su acusación que dichas operaciones algorítmicas nunca se ejecutaron en la escala prometida y que el modelo financiero dependía exclusivamente de la entrada de nuevos capitales.

Desvío de fondos y falsificación de auditorías

Backward Hat Capital

El desglose financiero presentado por los investigadores federales detalla el destino de los recursos captados durante los últimos cuatro años. Según los registros citados por la SEC, más de $250 millones del capital recaudado se utilizaron para pagar supuestos rendimientos a los primeros participantes del fondo, configurando la estructura típica de un esquema piramidal.

Paralelamente, la denuncia indica que los cofundadores, identificados como Phillip Patrick Williams y Devin Allen Johnson, transfirieron más de $220 millones directamente a sus cuentas personales y entidades vinculadas. La investigación reguladora detalla que el reparto entre ambos socios fue desigual, con más de $130 millones destinados a Williams y más de $40 millones asignados a Johnson.

Los documentos judiciales indican que estos fondos desviados financiaron la adquisición de bienes de lujo y cubrieron gastos personales, incluidas deudas de juego. El expediente también incluye a la firma Traders Point Capital, vinculada a Johnson, como entidad receptora de parte de los recursos cuestionados.

Para sostener la apariencia de solvencia ante los clientes, los acusados habrían recurrido a la emisión de informes financieros adulterados. Por este motivo, la demanda de la SEC incluye al contador Joseph Anderson, a quien se le imputa la elaboración de reportes de auditoría falsos destinados a respaldar la existencia de los activos y las ganancias reportadas.

Acciones paralelas de la CFTC y el Departamento de Justicia

La ofensiva legal contra Backward Hat Capital involucra a múltiples agencias federales de Estados Unidos que actuaron de forma coordinada durante la tercera semana de noviembre de 2026. La CFTC presentó una demanda civil paralela centrada en las promesas fraudulentas relacionadas con el mercado de divisas, logrando que un tribunal de Indiana designara un síndico temporal para administrar los bienes remanentes.

En el ámbito penal, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos criminales contra Williams y Johnson el 18 de noviembre de 2026. Agentes federales procedieron al arresto de ambos cofundadores antes de la presentación de la demanda civil: Williams fue detenido en Kokomo, Indiana, mientras que Johnson fue capturado en Gilbert, Arizona.

La acusación penal de los fiscales federales estima que el volumen total de capital captado mediante estas maniobras podría superar los  $600 millones, una cifra ligeramente superior al cálculo inicial de la demanda civil de la SEC. Por su parte, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) habilitó un canal oficial para recopilar testimonios y documentación de los inversores afectados en diversas jurisdicciones.

En el plano regulatorio, la SEC imputa a los acusados la violación de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934, además de infracciones a la Ley de Asesores de Inversiones de 1940. El organismo solicita al tribunal medidas cautelares permanentes, la restitución íntegra de las ganancias ilícitas con intereses previos al fallo y la imposición de sanciones civiles.

El proceso judicial continuará en los tribunales federales de Indiana y Nueva York, donde se celebrarán las audiencias preliminares para determinar el alcance de la recuperación de activos bajo la supervisión del síndico designado y el avance de los cargos penales contra los directivos detenidos.

Sobre el autor

C. Monasterio

Passionate journalist specialized in cryptocurrency, blockchain technology, and decentralized finance (DeFi). With years of experience covering market trends, project analyses, and global crypto regulations, she brings accurate, insightful, and engaging content to readers worldwide. Her work focuses on making complex blockchain topics accessible to everyone while maintaining high standards of credibility and journalistic integrity.

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