Hay una incomodidad que me persigue cada vez que leo los informes oficiales sobre remesas en América Latina. Los organismos multilaterales celebran la reducción gradual del costo promedio de envío, que pasó de casi el 10 % al 6 % o al 7 % en los últimos diez años, como si se tratara de un logro estructural.
Mientras tanto, millones de familias siguen pagando comisiones que duelen recortes de su ingreso, y quienes descubrieron las monedas estables ya operan en un universo de costos cercanos al 1 %, con liquidaciones que se miden en minutos. La brecha entre ambos mundos no solo es técnica: es una herida abierta en el relato de la inclusión financiera.
Creo que la discusión pública sobre criptoactivos en las remesas ha estado mal planteada desde el inicio. Se la ha enmarcado como una promesa de futuro, como un experimento de nicho o, en el peor de los casos, como una amenaza regulatoria. Pero los datos de 2024 muestran que ya no es ninguna de esas cosas.
México recibió más de 64 000 millones de dólares en remesas el año pasado. De ese total, entre un 2 % y un 3 % —es decir, entre 800 y 1 200 millones de dólares— viajó a través de criptoactivos, con un incremento del 40 % respecto al período anterior.
Bitso, la plataforma mexicana, movió 6 500 millones de dólares en remesas durante 2024, un 51 % más que en 2023, cubriendo por sí sola el 10 % del corredor Estados Unidos-México. Esas cifras no representan un piloto: describen una infraestructura en funcionamiento que ya es estadísticamente relevante.
La razón de ese crecimiento no es ideológica. Es de costo y velocidad. Una transferencia tradicional de 200 dólares puede demorar hasta cinco días hábiles y restarle al destinatario un 8 % en comisiones y márgenes cambiarios.
El mismo monto enviado mediante una stablecoin se liquida en minutos y cuesta, según la red y la plataforma, entre centavos de dólar y un 3 %. La diferencia supone, para una familia que depende de ese ingreso, más comida disponible, más medicinas o menos deuda.
He conversado con usuarios en Argentina y Venezuela que no se definen como entusiastas de la tecnología; simplemente tomaron una decisión económica racional frente a un sistema tradicional que les ofrecía peores condiciones.
Hay un segundo plano que me interesa destacar, porque quiebra el estereotipo de las criptomonedas como un asunto exclusivamente minorista. En 2024, el volumen de transacciones con stablecoins entre empresas en América Latina superó por primera vez al de las remesas familiares, alcanzando el 45 % del total.
Esto significa que los negocios están utilizando la misma infraestructura para pagar proveedores, liquidar importaciones o mover capital de trabajo. Cuando los flujos corporativos validan un medio de pago, la conversación abandona el terreno de la curiosidad tecnológica y entra en el espacio de la utilidad económica comprobada.
Frente a esta evidencia, me preocupa la tendencia de algunos reguladores a tratar todos los criptoactivos como una sola clase de riesgo. La Unión Europea estableció un umbral de verificación de identidad para transacciones con criptoactivos a partir de los 990 euros. Entiendo el propósito: prevenir el lavado de dinero y aumentar la trazabilidad.
Pero el efecto secundario es que una medida pensada para grandes flujos puede friccionar las transferencias pequeñas, justamente aquellas que sostienen economías domésticas y que la tecnología pretende hacer más eficientes.
La respuesta, desde mi punto de vista, no es la desregulación, sino una calibración regulatoria que reconozca la función de pago de las stablecoins, distinguiéndolas de los activos volátiles cuya principal utilidad es la especulación.
Tampoco me convencen las posturas que reducen este fenómeno a un síntoma de dolarización informal y, por tanto, a un problema a erradicar. Argentina recibió 91 100 millones de dólares en criptoactivos el año pasado. Venezuela muestra un uso intensivo de USDT para pagos cotidianos y resguardo de valor. Criticar a la herramienta por la desconfianza que genera la moneda local me parece un error de diagnóstico.
La preferencia por las stablecoins no es la causa de la inflación ni de los controles cambiarios; es una respuesta adaptativa de ciudadanos que buscan preservar el poder adquisitivo de su trabajo. Si las políticas monetarias ofrecieran estabilidad, la demanda de estos instrumentos sería menor. No veo por qué habría que penalizar al bote salvavidas en lugar de preguntarse por qué el barco hace agua.
Un aspecto que considero poco discutido es el de la experiencia de usuario. He seguido de cerca los avances en aplicaciones que integran cripto en su capa profunda y ofrecen al usuario una interfaz idéntica a la de una transferencia bancaria tradicional.
El término “remesa invisible” describe la dirección hacia la que nos movemos: el cliente envía dinero desde su app de siempre, y el proveedor liquida mediante stablecoins en redes blockchain, sin que el remitente o el destinatario conozcan la tecnología subyacente.
Esto no es una predicción: hay bancos y fintech que ya están corriendo pilotos. La consecuencia práctica es que el ahorro en costos y la velocidad llegarán incluso a quienes nunca han oído hablar de una clave privada. En ese momento, la discusión sobre si las criptomonedas son “confiables” perderá sentido para el usuario común, porque su interfaz será indistinguible de la que ya conoce.
Mi postura no es triunfalista. Soy consciente de los problemas que persisten. La volatilidad de los criptoactivos que no son stablecoins los inhabilita para este caso de uso. Los esquemas de fraude y los ataques informáticos exigen una educación del usuario que todavía no está generalizada. La brecha generacional y de alfabetización digital es real y excluye a segmentos de la población que más necesitan las remesas.
La autocustodia no es trivial. Reconozco todos esos límites, pero también constato que ninguna de esas objeciones ha frenado el crecimiento del canal cripto en los corredores de remesas. Al contrario, los usuarios están migrando hacia plataformas que ofrecen seguridad y simplicidad, y la industria está respondiendo con mejoras de usabilidad y cumplimiento normativo.
Escribo este artículo porque creo que el análisis de las remesas en América Latina necesita incorporar los datos sin prejuicios. No se trata de promover una tecnología, sino de observar que un porcentaje creciente y ya material de los flujos transfronterizos está ocurriendo por fuera del sistema que miden las estadísticas tradicionales.
Eso debería interesar tanto a los bancos centrales como a los diseñadores de políticas públicas. Negar esa realidad porque el término “cripto” genera incomodidad no la hará desaparecer. Lo que sí puede desaparecer es la oportunidad de construir un marco regulatorio equilibrado que proteja a los usuarios y que, al mismo tiempo, permita que la innovación reduzca de verdad el costo que pagan las familias migrantes.
No tengo la respuesta definitiva sobre el punto de equilibrio entre control y eficiencia. Pero sí tengo la convicción de que el punto de partida debe ser la honestidad intelectual. Si el 10 % del corredor de remesas más grande del mundo ya se mueve por una plataforma basada en criptoactivos, si las transacciones empresariales superaron a las de consumo, y si el crecimiento del canal duplica o triplica el del mercado tradicional, entonces el debate no es sobre el futuro de las remesas.
El debate es sobre cómo vamos a leer el presente. Y lo que leo, sin necesidad de adjetivos ni pronósticos estridentes, es que el cambio ya ocurrió. Lo que falta es que el análisis público lo alcance.
