Puntos Clave de la Noticia:
- Tarek Mansour, CEO de Kalshi, declaró el 14 de octubre de 2026 en la DC Fintech Week que la trazabilidad pública de las órdenes facilita la detección de conductas ilegales.
- En agosto de 2026, la plataforma expulsó de forma permanente al excongresista George Santos por operar contratos vinculados a su propia asistencia al Estado de la Unión.
- Un operador de teleprónter de la Casa Blanca acordó un pago de más de 172.000 dólares para resolver cargos por operar con datos anticipados de discursos oficiales en Kalshi.
Tarek Mansour, director ejecutivo de Kalshi, aprovechó la tarima de la DC Fintech Week este miércoles 14 de octubre, para defender la integridad operativa de los mercados de predicción ante los cuestionamientos regulatorios por uso de información privilegiada.
Mansour calificó la dinámica actual como una bendición y una condena para el sector. El ejecutivo argumentó que quien intenta operar con ventajas indebidas en estas plataformas comete un delito a plena luz del día, lo que permite a las firmas y a los usuarios detectar anomalías en cuestión de minutos.
La discusión surge en un periodo de escrutinio legislativo en Washington. Tanto senadores como representantes han presentado proyectos de ley a lo largo del último año para prohibir que individuos con acceso a información no pública participen en estos contratos de eventos.
Varios incidentes documentados en 2026 aceleraron el debate en los despachos federales. En abril, las autoridades presentaron cargos contra un soldado en servicio activo del Ejército estadounidense por utilizar datos confidenciales para apostar en Polymarket antes de operaciones militares internacionales.
Posteriormente, en agosto, Kalshi aplicó su primera expulsión definitiva contra el excongresista George Santos. Mansour señaló que la plataforma recibió un centenar de alertas de usuarios poco después de que Santos abriera posiciones sobre su asistencia al discurso del Estado de la Unión.
Asimismo, los registros judiciales recogen el acuerdo de un antiguo operador de teleprónter presidencial, quien aceptó pagar una suma superior a $172.000 dólares para zanjar acusaciones por lucrarse con borradores de discursos institucionales dentro de Kalshi.
Tensión jurisdiccional entre los estados y la CFTC
El debate sobre el uso indebido de datos coincide con un enfrentamiento sobre las competencias de supervisión. La CFTC sostiene que la mayoría de los contratos cotizados califican como swaps, lo que situaría a estas plataformas bajo su jurisdicción federal exclusiva.
Por su parte, diversas autoridades estatales han presentado demandas contra firmas como Kalshi y Polymarket. Los reguladores locales argumentan que las empresas eluden tributos y vulneran las normativas estatales relativas a los juegos de azar y apuestas deportivas.
La CFTC respondió con acciones legales contra los estados para blindar su autoridad sobre los derivados de eventos. De acuerdo con el reporte de mercado, las discrepancias en los fallos de distintos tribunales de distrito sugieren que el conflicto de competencias podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Mansour manifestó que la plataforma respalda un marco de supervisión estrictamente federal. No obstante, advirtió durante su conferencia que la verdadera disyuntiva para el país radica en permitir que estas entidades operen formalmente bajo la ley estadounidense o forzar a los usuarios a recurrir a plataformas no reguladas en el extranjero.
Diversas legislaturas estatales, entre ellas la de Nueva York, ya han promulgado restricciones directas para impedir que funcionarios públicos operen contratos vinculados a sus áreas de gestión.
El próximo paso formal para el sector tendrá lugar en las audiencias de apelación programadas para el cierre del trimestre en los circuitos judiciales federales, donde los tribunales evaluarán la validez de las medidas cautelares interpuestas por los reguladores estatales contra la CFTC.
