El debate sobre la política cripto de India volvió al centro de atención después de que documentos internos del gobierno mostraran que el Banco de la Reserva de India aún favorece una postura “inclinada hacia la prohibición”. La posición del banco central resulta incómoda frente a un contexto global donde tokenización, stablecoins e incluso reservas estratégicas cripto ganan atención institucional. India, mientras tanto, tiene casi 39 millones de inversionistas cripto en una población de casi 1.500 millones, con unos $2.100 millones en activos digitales hasta mayo. La contradicción es difícil de ignorar: existe adopción local, pero el centro político sigue viendo primero riesgo sistémico.
El impulso prohibicionista del RBI choca con brechas fiscales
La preocupación del RBI se centra en mantener las criptomonedas fuera de las finanzas reguladas. Sostiene que bancos e instituciones financieras deberían tener prohibido mantener, negociar u ofrecer exposición a criptoactivos y stablecoins privadas, incluidas USDT y USDC. El banco también se opone a stablecoins vinculadas a la rupia, al advertir que podrían erosionar el señoreaje, mientras tokens ligados a divisas extranjeras podrían debilitar la soberanía monetaria. India no ha prohibido completamente el trading cripto, pero tras la anulación de la prohibición de 2018 del RBI por parte de la Corte Suprema, el mercado ha permanecido en zona gris. La ambigüedad regulatoria se convirtió en el modelo operativo.
La fiscalización tributaria es el otro punto de presión. Funcionarios advirtieron que las transacciones cripto son cada vez más difíciles de rastrear cuando pasan por exchanges offshore, operaciones peer-to-peer en rupias o wallets privadas de autocustodia. En el año fiscal terminado en marzo de 2023, menos de una cuarta parte de las 645.000 personas que realizaron transacciones cripto las reportaron en sus declaraciones fiscales. India grava actualmente las ganancias cripto con 30%, pero plataformas extranjeras, brechas de valoración y propiedad poco clara complican el cumplimiento. El Estado ahora trata la opacidad como un problema de ingresos y vigilancia, no solo como un asunto especulativo.
El contexto macroeconómico ayuda a explicar la cautela. Las autoridades temen que una adopción cripto más amplia acelere salidas de capital, esquive canales bancarios tradicionales y agrave el déficit externo de India. Esa preocupación se intensifica por la dependencia de importaciones energéticas y déficits persistentes en cuenta corriente, vulnerabilidades expuestas recientemente cuando las tensiones con Irán elevaron los precios del petróleo y presionaron la rupia a mínimos históricos. Aunque el gobierno ha hablado de equilibrar innovación y gestión de riesgos, los últimos documentos sugieren que agencias clave siguen sin convencerse. El debate cripto de India ya no está dormido; se reabre alrededor de prohibición, impuestos y control monetario.
