Puntos clave de la noticia:
- Diecisiete fiscales generales estatales pidieron a los senadores rechazar la Clarity Act, argumentando que podría debilitar la autoridad estatal para perseguir fraudes cripto y proteger inversores.
- Sus objeciones se centran en una posible primacía de la SEC sobre competencias estatales, pese a cambios que amplían el papel de los fiscales generales en normas éticas.
- El proyecto añade salvaguardas para stablecoins y desarrolladores, pero la votación del martes medirá si existe apoyo suficiente.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, y otros 16 fiscales generales estatales están instando a los senadores a rechazar la Clarity Act antes de la votación procedimental del martes, advirtiendo que el proyecto podría debilitar su capacidad para perseguir fraudes relacionados con criptomonedas. La intervención bipartidista convierte la autoridad de los estados para hacer cumplir la ley en un obstáculo central para una legislación destinada a aclarar la supervisión federal de los activos digitales. En una carta dirigida a los líderes del Comité Bancario del Senado, los funcionarios sostuvieron que la medida podría generar mayor confusión, complicar investigaciones y dificultar que las empresas rindan cuentas cuando los inversores pierden dinero por estafas.
Su principal preocupación se centra en cómo el proyecto podría trasladar poder desde los estados hacia el gobierno federal. Los fiscales generales afirmaron que la Comisión de Bolsa y Valores podría obtener autoridad para invalidar ciertos regímenes estatales de registro, abriendo posibles disputas legales sobre protección de consumidores e inversores. La advertencia es que una mayor claridad regulatoria a nivel federal podría llegar a costa de reducir la flexibilidad de los estados para hacer cumplir sus propias normas. James afirmó que la propuesta, tal como está redactada, podría “envalentonar a los estafadores” y quitar a los fiscales generales herramientas que actualmente utilizan para proteger a los residentes.
La Clarity Act revisada todavía enfrenta resistencia a nivel estatal
La versión más reciente del proyecto supera las 600 páginas e incluye cambios diseñados para conseguir los 60 votos necesarios para avanzar en el Senado. Entre ellos, los fiscales generales estatales obtendrían autoridad para hacer cumplir las normas sobre conflictos de interés aplicables a funcionarios públicos, sustituyendo una estructura anterior centrada en el Departamento de Justicia. Esa concesión otorga a los estados un papel más amplio en materia de ética, pero no ha resuelto sus objeciones sobre la posible primacía federal. El borrador también permite al secretario del Tesoro imponer durante 18 meses restricciones temporales a las recompensas de stablecoins si provocan salidas importantes de depósitos en bancos comunitarios.
Otras modificaciones reducen los requisitos de registro como transmisores de dinero para ciertos desarrolladores de software, añaden una protección civil limitada, incorporan controles del Comité de Agricultura sobre operaciones de afiliados y conflictos de interés, y aclaran cómo deben aplicarse las leyes estatales de protección al consumidor. El debate ahora depende de si esos compromisos son suficientes para preservar la autoridad estatal mientras se crea un marco nacional para las criptomonedas. Fiscales generales de California, Illinois, Arizona, Kansas, Ohio, Wisconsin y otros estados se sumaron a James, mostrando que la oposición cruza líneas partidistas y regionales. La votación inicial del martes mostrará si el respaldo del Senado puede superar esa resistencia coordinada.
