Puntos clave de la noticia:
- Sudáfrica publicó un borrador regulatorio que exige que las transacciones cripto transfronterizas se realicen a través de proveedores autorizados.
- El National Treasury y el Banco Central sudafricano proponen que estas operaciones sean reportadas al departamento de vigilancia financiera FinSurv.
- El marco no otorga curso legal a las criptomonedas y no distingue entre distintos tipos de activos digitales. El plazo para comentarios vence el 30 de septiembre.
Sudáfrica avanza hacia un esquema regulatorio más estricto para el uso de criptomonedas en transacciones internacionales. El National Treasury y el South African Reserve Bank (SARB) publicaron un borrador normativo que establece que cualquier envío de activos cripto al exterior deberá realizarse a través de un proveedor autorizado y reportarse obligatoriamente al Financial Surveillance Department (FinSurv), el área de vigilancia financiera del banco central.
En un comunicado conjunto, ambas instituciones sostuvieron que las medidas propuestas buscan «minimizar el riesgo de arbitraje regulatorio entre entidades que operan actividades transfronterizas y fortalecer la capacidad del FinSurv para detectar, disuadir e interrumpir flujos financieros ilícitos». El texto no otorga curso legal a las criptomonedas ni establece distinciones entre diferentes tipos de activos digitales.
Peligrosas Regulaciones en Sudáfrica
Esta iniciativa se apoya en regulaciones que el National Treasury había circulado en abril, las cuales obligarían a los holders de criptomonedas a declarar activos por encima de cierto umbral y a entregar sus claves privadas a funcionarios de aplicación de la ley cuando estos lo demanden. Esa exigencia, polémica en sí misma, ya había generado resistencia entre quienes defienden la soberanía financiera individual y la privacidad en el manejo de activos digitales.
Las dos instituciones abrieron un período de consulta pública con plazo de envío hasta el 30 de septiembre, lo que deja un margen acotado para que la industria, los usuarios y los organismos de la sociedad civil puedan presentar sus observaciones.
Distintas jurisdicciones avanzan hacia marcos normativos vinculantes para las transacciones transfronterizas en activos cripto. El riesgo, sin embargo, es que la acumulación de requisitos de reportes, habilitaciones previas y acceso forzoso a claves privadas configure un entorno que penalice a los usuarios antes que a los actores ilícitos que estas normas dicen perseguir.
