Puntos Clave de la Noticia:
- Tether inmovilizó 42.417.785,62 USDT distribuidos en 10 direcciones el 30 de octubre de 2025 tras una alerta informal de Seguridad Nacional (HSI).
- La orden judicial formal que autorizó la incautación de dichos activos fue emitida por las autoridades estadounidenses el 19 de febrero de 2026.
- David Schwartz, directivo técnico y arquitecto del XRP Ledger, respaldó la actuación del emisor frente a la demanda interpuesta en el Distrito Sur de Nueva York.
El directivo técnico David Schwartz respaldó públicamente el bloqueo de Tether sobre más de 42,4 millones de USDT este miércoles 2 de septiembre de 2026, en el marco de un litigio civil radicado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY).
Tether is doing exactly what they're supposed to do when you know you owe money to someone but have a good faith belief you can't be sure who you owe the money to. You hold it safely until a court with jurisdiction over the asset decides.
— David 'JoelKatz' Schwartz (@JoelKatz) September 2, 2026
La disputa legal se originó a partir de una demanda promovida por un grupo de inversores tailandeses contra el emisor de la stablecoin. Los demandantes reclaman la titularidad legítima de 42.417.785,62 USDT que permanecen congelados desde el 30 de octubre de 2025.
Tether aplicó las restricciones iniciales a 10 billeteras digitales tras recibir una comunicación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Según los reportes judiciales del caso, la advertencia policial vinculaba directamente esos depósitos con un esquema internacional de fraude conocido como matanza de cerdos (pig-butchering).
La orden judicial que legalizó formalmente la retención de los fondos fue dictada casi cuatro meses más tarde, el 19 de febrero de 2026. Los querellantes alegan que adquirieron los activos de buena fe en el mercado secundario y exigen no solo la restitución del capital, sino una indemnización económica que contempla los rendimientos obtenidos por Tether con las reservas de respaldo durante el periodo de custodia forzosa.
Fundamentos jurídicos y riesgos operativos en el sector de las monedas estables
David Schwartz intervino en el debate público para defender la postura procesal de la compañía emisora. El arquitecto del XRP Ledger sostuvo que la entidad actuó bajo la doctrina jurídica de protección ante doble responsabilidad patrimonial cuando existen reclamos contrapuestos sobre un mismo activo.
El protocolo técnico de las stablecoins centralizadas como USDT incorpora funciones de lista negra en sus contratos inteligentes. De acuerdo con el análisis publicado por Schwartz, hacer caso omiso de la solicitud inicial de las agencias de seguridad federales habría permitido la transferencia inmediata del dinero mediante plataformas mezcladoras de privacidad.
Esa omisión técnica habría colocado a la empresa emisora bajo el escrutinio directo de las leyes federales contra el blanqueo de capitales. Según explicó el especialista, la obligación fiduciaria preliminar de un custodio cuando duda de la identidad del acreedor legítimo consiste en retener las sumas hasta que un tribunal con competencia territorial emita un fallo definitivo.
El caso tramitado en Nueva York refleja la complejidad que enfrentan los emisores de activos digitales en su operativa diaria. Las firmas del sector deben equilibrar los contratos de términos de servicio con los requerimientos preventivos de agencias federales, evitando sanciones penales sin vulnerar los derechos de propiedad de usuarios secundarios.
La defensa de Tether mantiene que sus términos y condiciones facultan contractualmente la inmovilización preventiva de saldos cuando median investigaciones por delitos financieros graves. Según los registros aportados al expediente del SDNY, la colaboración con entidades gubernamentales forma parte habitual de las políticas de cumplimiento de la entidad.
Resoluciones pendientes ante la corte federal
El tribunal neoyorquino evaluará si la empresa incurrió en extralimitación contractual durante el lapso de cuatro meses transcurrido entre el requerimiento informal y la resolución judicial formal de febrero de 2026. Documentos del tribunal indican que la fase de presentación de alegatos continuará durante las próximas semanas previas a la deliberación del juez.
