Puntos Clave de la Noticia:
- La Fiscalía del Distrito de Columbia presentó cinco demandas de confiscación civil el 21 de julio de 2026 para recuperar más de $25 millones.
- Las investigaciones de la Fuerza de Tarea contra el Fraude Cibernético han permitido recuperar más de $800 millones en activos digitales vinculados a esquemas ilícitos.
- Dos de los casos representan la mayor parte de los fondos confiscados, acumulando $12,09 millones y $10,4 millones respectivamente.
Este martes, la Fiscalía del Distrito de Columbia y el Servicio Secreto de los Estados Unidos interpusieron cinco demandas de confiscación civil, con el objetivo de decomisar más de $25 millones en activos digitales. La acción legal busca restituir los fondos sustraídos a miles de víctimas afectadas por estafas cripto en Estados Unidos y Canadá.
Las operaciones formaron parte de la estrategia ejecutada por la unidad Scam Center Strike Force, establecida en noviembre de 2025 bajo la gestión de la fiscal Jeanine Ferris Pirro. La división fue creada para desarticular redes criminales transnacionales radicadas en Asia.
De acuerdo con el informe oficial del Departamento de Justicia, las pesquisas identificaron que los operadores financieros de estas redes se ubicaban en el sudeste asiático, con direcciones IP registradas en China, Malasia y Camboya.
Investigaciones clave y el esquema de engaño
En el primer caso de mayor envergadura, la alerta de un socio del sector privado permitió identificar a más de 200 personas defraudadas mediante esquemas de romance en línea, lo que derivó en la solicitud de confiscación de aproximadamente $12,09 millones. La segunda demanda principal surgió tras un aviso de las autoridades canadienses a finales de 2024, alcanzando la congelación de direcciones vinculadas a 270 transacciones de plataformas falsas por un valor cercano a $10,4 millones.
Los informes del Servicio Secreto indican que el método predominantemente utilizado en estas operaciones corresponde a la modalidad conocida como «pig butchering». La información oficial indica que este modelo combina la ganancia paulatina de confianza de la víctima con la manipulación hacia plataformas de comercio falsas.
La infraestructura operativa del fraude muestra ramificaciones complejas. Reportes previos del Departamento de Justicia señalan que los centros de operaciones se ubican en complejos fortificados de Birmania, Camboya y Laos, donde se ha documentado el empleo de personas víctimas de trata laboral.
El ritmo de incautaciones de la fuerza especial registró un incremento durante el transcurso de 2026. Según los datos oficiales del organismo, los fondos recuperados pasaron de $580 millones en febrero a más de $700 millones en el mes de abril.
Las acciones gubernamentales han trascendido el ámbito puramente financiero. Documentos judiciales confirman la imputación penal de dos ciudadanos chinos por la gestión de un centro de estafas en Birmania, sumado a las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro contra el senador camboyano Kok An.
La escala del problema representa un desafío económico para las autoridades norteamericanas. Estimaciones de funcionarios federales proyectan que las operaciones ilícitas en el sudeste asiático generan pérdidas de hasta $10.000 millones anuales a ciudadanos estadounidenses, mientras que reportes del FBI registraron pérdidas por $21.000 millones en delitos cibernéticos durante 2025.
El proceso legal continuará en los tribunales federales a través de juicios de confiscación civil. Las autoridades judiciales procurarán completar la restitución directa de los activos recuperados a las víctimas identificadas a medida que concluyan los procedimientos correspondientes.
