Puntos clave de la noticia:
- La PREDICT Act bipartidista prohibiría que miembros del Congreso, el presidente, el vicepresidente, designados políticos y ciertos familiares operen mercados de predicción ligados a acciones del gobierno.
- Sus impulsores sostienen que la ley responde a la creciente preocupación de que funcionarios o personas conectadas puedan beneficiarse de información sensible mediante contratos sobre eventos.
- Las infracciones conllevarían una sanción civil equivalente al 10% del valor de la operación prohibida, además de la devolución total de las ganancias al Tesoro de Estados Unidos.
El debate en Washington sobre los mercados de predicción ha entrado en una fase mucho más concreta. Los legisladores ya no solo están discutiendo cómo deberían regularse estos mercados, sino también quiénes deberían quedar completamente fuera de ellos. Un proyecto bipartidista presentado por el congresista Adrian Smith y la congresista Nikki Budzinski prohibiría que altos funcionarios del gobierno participen en operaciones de mercados de predicción basadas en información privilegiada. La iniciativa, llamada Preventing Real-time Exploitation and Deceptive Insider Congressional Trading Act, o PREDICT Act, refleja una preocupación creciente: que el acceso a información sensible del gobierno pueda convertirse en una vía de beneficio personal a través de contratos sobre eventos.
Por qué la PREDICT Act apunta directamente a los funcionarios públicos
En el centro de la propuesta hay una definición bastante amplia de quiénes quedarían cubiertos. El proyecto está diseñado para alcanzar no solo a legisladores electos, sino a un círculo mucho más amplio de funcionarios cercanos a decisiones de política pública y acciones del gobierno. La norma prohibiría operar en mercados de predicción vinculados a eventos políticos, decisiones de política y otras acciones gubernamentales a miembros del Congreso, sus cónyuges e hijos dependientes, así como al presidente, al vicepresidente y a los designados políticos que ocupen cargos dentro del Executive Schedule, entre otros. Eso convierte a la propuesta en una medida de ética pública tanto como en una iniciativa de mercado.
El argumento detrás del proyecto tiene tanto que ver con la percepción como con la aplicación concreta de sanciones. Los impulsores de la ley están diciendo, en esencia, que los mercados de predicción han abierto un nuevo canal para el viejo conflicto entre deber público y ganancia privada. Smith describió el servicio público como un privilegio y no como una vía de enriquecimiento personal, mientras que Budzinski sostuvo que episodios recientes han intensificado la preocupación sobre cómo podría utilizarse información sensible. También aludió a casos en los que traders poco conocidos habrían obtenido beneficios significativos apostando sobre hechos como una guerra con Irán o la duración de un shutdown del gobierno.
La estructura de sanciones deja claro que los patrocinadores quieren que la norma tenga verdadero poder disuasorio. La PREDICT Act no está redactada como una reprimenda simbólica, sino como un castigo financiero pensado para volver costosas las operaciones prohibidas. Las infracciones activarían una sanción civil equivalente al 10% del valor de la transacción prohibida, además de la devolución íntegra de cualquier ganancia obtenida, fondos que se transferirían al Tesoro de Estados Unidos. Eso convierte a la propuesta en una herramienta tanto punitiva como preventiva. En la práctica, envía una señal nítida: el Congreso considera que los mercados de predicción ya son lo bastante serios como para exigir límites éticos específicos sobre la participación de funcionarios públicos.
