Puntos claves de la noticia:
- Brad Garlinghouse estima un 80% de probabilidad de aprobación de la Ley Clarity antes de abril.
- El CEO de Ripple insta a aceptar un marco regulatorio imperfecto pero con certeza.
- El conflicto principal se centra en si las stablecoins pueden ofrecer rendimiento.
El director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, calculó esta semana que existe una probabilidad del 80 por ciento de que la Ley Clarity, un proyecto de marco regulatorio para criptomonedas, sea aprobada antes de que termine abril. Ese tipo de seguridad es poco común en la política estadounidense, especialmente para el sector de las criptomonedas, donde los plazos suelen extenderse sin una resolución clara.
Garlinghouse basó su cálculo en el progreso previo de la ley. Según explicó, el proyecto superó gran parte del proceso de revisión en el Comité Bancario del Senado antes de detenerse. En lugar de pedir un marco regulatorio ideal, instó a la industria a aceptar un avance parcial. Su mensaje fue directo: la certidumbre, aunque sea parcial, es preferible a la situación actual, incluso si el proyecto de ley no incluye todo lo que la industria desea.
La posición de Ripple en este debate tiene una base práctica
La empresa pasó cuatro años en un litigio de alto perfil con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El caso concluyó cuando un juez federal determinó que XRP, el token asociado a Ripple, no califica como un valor financiero. Ese fallo representó una victoria para la compañía, pero no resolvió el problema general. El sector de las criptomonedas en su conjunto todavía opera sin reglas definidas a nivel federal
Garlinghouse vinculó el éxito a largo plazo de Ripple con la tendencia del mercado general. Aunque la situación legal de XRP es más clara que la de la mayoría de los tokens, Ripple todavía necesita acceso a exchanges, liquidez y mercados estadounidenses. Si la industria permanece en una situación de incertidumbre regulatoria, la empresa no puede prosperar de forma aislada.
La Ley Clarity se estancó en enero después de que Coinbase retirara su apoyo
La decisión respondió principalmente a desacuerdos no resueltos en torno al rendimiento de las stablecoins y otros puntos técnicos. Esa disputa continúa siendo el principal punto de fricción.
Los bancos tradicionales expresaron su preocupación por la posibilidad de perder depósitos. Su temor se basa en que las empresas de criptomonedas podrían ofrecer rendimientos superiores a los de las cuentas corrientes convencionales si se permite que las stablecoins generen intereses.
Las stablecoins que ofrecen rendimiento podrían sacar capital del sistema bancario, lo que generaría un rechazo activo por parte de reguladores e instituciones financieras. Dado que las stablecoins son una pieza central de la infraestructura del mercado cripto, este único desacuerdo ha sido suficiente para retrasar todo el marco regulatorio.
Fuentes cercanas a las negociaciones indican que los diálogos continúan
La administración actual está aumentando la presión para concretar un marco antes de las elecciones de mitad de período de 2026. Esa fecha es relevante porque, una vez que las campañas electorales se intensifiquen, los proyectos de ley que generan controversia suelen posponerse.
En ausencia de una ley de estructura de mercado, las empresas de criptomonedas operan bajo reglas fragmentadas. Esa situación lleva a algunas compañías a establecer operaciones en el extranjero. Los exchanges, los emisores de tokens y los desarrolladores continúan trabajando con incertidumbre legal.
El argumento central de Garlinghouse es que la industria ha esperado lo suficiente. En su opinión, un marco imperfecto sería preferible a continuar bajo un modelo de supervisión basado principalmente en acciones legales caso por caso.
