Puntos clave de la noticia
- El Departamento de Justicia habría vendido 6,3 millones de dólares en BTC incautados a Samourai Wallet, ignorando una orden presidencial.
- La transferencia directa a Coinbase Prime sugiere una liquidación discrecional que evade la custodia estándar del USMS.
- Expertos legales señalan que esta acción contradice la política de no vender activos digitales incautados bajo la administración actual.
Este lunes un nuevo escándalo sacude los cimientos de las instituciones financieras de Washington. Según documentos obtenidos recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) podría haber incumplido el mandato de la reserva federal de Bitcoin en Estados Unidos al liquidar aproximadamente 6,3 millones de dólares en BTC.
Son activos que fueron confiscados a los desarrolladores de Samourai Wallet, una aplicación enfocada en la privacidad, pero su venta desató una tormenta política por, presuntamente, violar la Orden Ejecutiva 14233.
Conflictos regulatorios y la Orden Ejecutiva 14233
En particular esta orden, prohíbe explícitamente la venta de Bitcoin confiscado, salvo excepciones muy específicas que, según analistas legales, no se aplicaron en este caso.
Los datos on-chain revelan que los fondos fueron enviados directamente a una dirección de Coinbase Prime el 3 de noviembre de 2025, saltándose la custodia habitual del Servicio de Alguaciles (USMS). Hoy, esa dirección registra un saldo de cero, lo que confirma la ejecución de la venta.
Este movimiento es visto por muchos como un acto de rebeldía por parte del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), que continúa procesando a desarrolladores de software no custodial a pesar de los memorandos del DOJ de 2025 que instaban a lo contrario.
Mientras el sector cripto clama por el cumplimiento de la reserva federal de Bitcoin en Estados Unidos, el presidente Donald Trump mostró su apoyo a los desarrolladores afectados e incluso estaría considerando indultos presidenciales.
La liquidación de estos activos no solo pone en duda la cohesión interna del Departamento de Justicia, sino que pone a prueba la seriedad de la administración para finalizar la «guerra contra las criptomonedas».
Para los defensores de la soberanía digital, detener estas ventas discrecionales es el primer paso para consolidar la confianza en el nuevo marco financiero de la nación.
