El marco de cumplimiento de sanciones para activos digitales está experimentando una transición estructural. Lo que durante años operó como un conjunto de controles aislados implementados por cada exchange de forma independiente se está desplazando hacia una capa de red compartida ubicada entre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs). Esta capa integra el descubrimiento de contrapartes, la mensajería de la Travel Rule y las decisiones de sanciones y KYT en tiempo casi real.
Esta evolución no responde a tendencias especulativas ni a preferencias de la industria. Responde a un cambio en la arquitectura de cumplimiento impulsado por señales regulatorias concretas y por la existencia de infraestructura comercial que ya opera a escala.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. ha instruido desde 2021 a las empresas de criptoactivos para que implementen programas basados en riesgo que examinen clientes y transacciones contra listas de sanciones, incluida la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Este marco general, sin embargo, está siendo reemplazado por disposiciones más prescriptivas.
El 10 de abril de 2026, FinCEN y OFAC emitieron una propuesta de regla conjunta para implementar las obligaciones de lucha contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (AML/CFT) y de sanciones de la Ley GENIUS. La propuesta designaría a los emisores de stablecoins de pago permitidos (PPSIs) como «instituciones financieras» bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA).
El aspecto técnicamente relevante de esta propuesta no es la designación en sí, sino el requisito de que los PPSIs mantengan capacidades técnicas para bloquear, congelar, rechazar o prevenir transacciones no permitidas tanto en los mercados primarios como secundarios. La propuesta no impone estándares técnicos específicos; mantiene neutralidad tecnológica, pero exige el resultado: la capacidad de intervenir en la actividad de stablecoins en todos los mercados donde opera.
Los volúmenes relacionados con la aplicación de la ley son parte de la justificación. Entre el 1 de enero de 2015 y el 21 de noviembre de 2025, FinCEN registró aproximadamente 55,000 reportes de actividades sospechosas que hacían referencia a stablecoins específicas, mientras que OFAC recibió cerca de 5,800 reportes de propiedades bloqueadas y aproximadamente 3,000 reportes de transacciones rechazadas que mencionaban stablecoins. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido que la mayoría de la actividad ilícita en cadena se transa actualmente en stablecoins.
La transición hacia una capa de red compartida no depende exclusivamente de los mandatos regulatorios. La infraestructura comercial que habilita esta arquitectura ya existe y procesa volúmenes significativos.
Notabene, uno de los proveedores de infraestructura de Travel Rule más relevantes, reporta que su red conecta más de 2,000 entidades reguladas en más de 100 jurisdicciones y procesa más de $1 billón en volumen de transacciones anual. En septiembre de 2025, la compañía lanzó Notabene Flow, una plataforma abierta de pagos con stablecoins y autorización de transacciones. En julio de 2025, integró el escrutinio de sanciones de contrapartes a través de una alianza con Refinitiv.
Estas redes exponen inteligencia de grafos de contrapartes y generan eventos en tiempo real como «sanctions.match_detected» a través de APIs, lo que permite a los exchanges automatizar decisiones de ejecución o rechazo durante transferencias entre VASPs. Los conjuntos de inteligencia de blockchain utilizados por los exchanges para el escaneo de carteras y la atribución de VASPs están siendo integrados en estos flujos.
El cambio fundamental reside en que el punto de control de cumplimiento se está desplazando desde la capa de aplicación de cada exchange hacia la capa de infraestructura que conecta a todos los VASPs.
Cuando se exige a los emisores de stablecoins que apliquen sanciones en el mercado secundario, y los exchanges dependen de rails compartidos de Travel Rule y autorización, el escrutinio de sanciones migra naturalmente a estos carriles inter-VASPs. La capa que transporta el descubrimiento de contrapartes, los metadatos KYC y la autorización de transacciones se convierte en el punto de control para el filtrado.
Esta es una diferencia cualitativa respecto al modelo anterior. Antes, cada exchange mantenía su propia lista de sanciones y su propio motor de decisión. Ahora, la decisión de cumplimiento se está integrando en el propio flujo de transacciones entre VASPs. El exchange receptor no solo recibe los activos, sino también un paquete de datos de cumplimiento que incluye la verificación de la contraparte y la autorización de la transacción.
La implementación de esta capa de red no es uniforme. La implementación de la Travel Rule es fragmentada entre diferentes jurisdicciones y protocolos. Esto significa que el escrutinio entre exchanges sigue dependiendo del soporte mutuo para estándares de mensajería y prueba, así como de la consistencia de las fuentes de datos.
Los propios comentarios de Notabene destacan la multiplicidad de protocolos y la necesidad de coordinar los flujos de descubrimiento y las llamadas API de KYT. Esta fragmentación es la razón por la que la aparición de esta capa de red es desigual.
Además, la propuesta de la OCC del 24 de junio de 2026, coordinada con FinCEN y OFAC, impondría requisitos de cumplimiento BSA/AML/CFT y de sanciones a los PPSIs sujetos a la jurisdicción de la OCC. La OCC estimó que la propuesta afectaría a un total de 29 PPSIs.
La Conference of State Bank Supervisors (CSBS) apoyó el requisito propuesto de que los emisores puedan bloquear, congelar y rechazar transacciones específicas o no permitidas tanto en mercados primarios como secundarios, señalando que el uso ilícito de stablecoins ocurre principalmente en el mercado secundario para evasión de sanciones, fraude, lavado de dinero y otras actividades.
Para los operadores del sector, esta evolución implica varias consideraciones prácticas.
En primer lugar, la capacidad de cumplimiento ya no puede considerarse una función interna aislada. La integración con redes de cumplimiento inter-VASPs se está convirtiendo en un requisito operativo.
Los exchanges que no estén conectados a estas redes, o que no puedan consumir y producir los datos de cumplimiento requeridos, enfrentarán fricciones en la liquidación de transacciones con contrapartes que sí lo estén.
En segundo lugar, la neutralidad tecnológica de la propuesta regulatoria no implica neutralidad operativa. La propuesta exige un resultado —la capacidad de bloquear, congelar o rechazar transacciones— pero no especifica cómo lograrlo.
Esto deja a los emisores y exchanges la responsabilidad de seleccionar e implementar la infraestructura técnica que cumpla con el requisito, lo que probablemente genere una consolidación en torno a unos pocos proveedores de infraestructura de cumplimiento.
En tercer lugar, la fragmentación jurisdiccional sigue siendo un factor de riesgo. La implementación desigual de la Travel Rule y los diferentes regímenes de sanciones entre países significa que una capa de red global es, por ahora, un objetivo más que una realidad. Los exchanges deben operar con múltiples regímenes y múltiples redes, lo que aumenta la complejidad operativa.
