Puntos claves del artículo:
- El ex-ejecutivo de FTX Ryan Salame afirma que el DOJ lo persiguió por razones políticas y coaccionó su declaración de culpabilidad amenazando a su prometida.
- Alega que la fiscalía ignoró pruebas exculpatorias y que sus cargos se debieron a sus donaciones a campañas republicanas.
- Su prometida, Michelle Bond, ahora enfrenta cargos que él dice que los fiscales prometieron retirar.
Ryan Salame, exejecutivo de FTX, expone desde FCI Cumberland una versión que enciende el debate. Afirma que el Department of Justice (DOJ) operó con sesgo político, ignoró pruebas favorables y forzó su acuerdo de culpabilidad mediante amenazas a su pareja embarazada, Michelle Bond. Cumple 90 meses por delitos vinculados al colapso del exchange en 2022 y sostiene que la fiscalía “eligió personas, no delitos” al definir objetivos.
El exdirectivo publica su relato en X y denuncia un patrón selectivo. Asegura que participantes vinculados al esquema de financiamiento electoral de FTX que simpatizaban con el Partido Demócrata recibieron trato benigno.
Recalca que presentó documentación de préstamos de Alameda Research, revisados por abogados, y consultas tributarias para acreditar cumplimiento. “Con una baja del 30% en el precio de un activo, los ingresos de negocios ligados a ese activo caen en proporción”, dice sobre modelos que, a su juicio, distorsionan la lectura pública de su conducta y la de la empresa.
Acusaciones contra la fiscalía y respuesta procesal pendiente
El punto más grave apunta a la negociadora del caso, Danielle Sassoon. Salame asegura que, cuando evaluó ir a juicio, la fiscalía ofreció cerrar una pesquisa sobre Bond si aceptaba declararse culpable. Más tarde, Bond terminó imputada por hechos ligados a su campaña de 2022 y hoy mantiene plea of not guilty. Su defensa alega que la autoridad incumplió compromisos y utilizó presión indebida para obtener la admisión de cargos del exejecutivo.
El juez Lewis Kaplan dictó 90 meses, por encima del rango sugerido por la fiscalía (5 a 7 años). Salame subraya su perfil como gran donante republicano —23 millones de dólares en las intermedias— para argumentar trato diferenciado. Plantea una pregunta central: ¿por qué calificarlo de “donante de paja” si, según su versión, disponía de patrimonio suficiente y asesoría legal para canalizar aportes sin simulaciones?
Salame sostiene que el DOJ desestimó testigos y elementos exculpatorios. Describe un ambiente de negociación con “arma sobre la mesa”, figura con la que alude a riesgos penales para Bond.
En lo operativo, remarca que su equipo compartió papeles que respaldaban origen, forma y tratamiento fiscal de operaciones con Alameda, e insiste en que no recibió un estándar de evaluación parejo frente a otros implicados.
El frente de campaña electoral amplifica la polémica. La acusación contra Bond incluye un pago de 400.000 dólares vinculado a FTX y presuntas falsedades ante autoridades. La defensa replica que la fiscalía vulneró la buena fe procesal al perseguirla pese al acuerdo verbal invocado por Salame.
El expediente definirá si existió oferta formal, si hubo condiciones sujetas a cumplimiento y si la supuesta promesa tiene efectos jurídicos.
