Puntos clave de la Noticia
- Una coalición de 34 empresas y organizaciones cripto, incluidas Coinbase y Kraken, ha enviado una carta al Congreso de EE. UU. denunciando una interpretación “excesiva” de las leyes contra Tornado Cash.
- Acusan al Departamento de Justicia de generar confusión legal al ignorar las directrices de FinCEN sobre desarrolladores no custodiales.
- La comunidad cripto advierte que esta postura podría paralizar el desarrollo de software blockchain en EE. UU. y pone en riesgo a toda la industria.
Una creciente preocupación recorre el ecosistema cripto en Estados Unidos tras la ofensiva legal del Departamento de Justicia (DOJ) contra los desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, acusados de lavado de dinero. En una carta enviada el 26 de marzo al Congreso, 34 organizaciones del sector, entre ellas gigantes como Coinbase, Kraken y la DeFi Education Fund, exigieron una revisión urgente de la interpretación legal que ha encendido las alarmas en todo el entorno blockchain.
Según esta coalición, el DOJ estaría tergiversando la definición de “negocio de transmisión de dinero” al aplicar una normativa pensada para instituciones financieras a desarrolladores de software descentralizado. Esta visión, señalan, no solo entra en conflicto con las directrices del FinCEN de 2019, que exime de responsabilidad a los desarrolladores que no manejan fondos de usuarios, sino que crea un precedente “injusto, confuso y potencialmente paralizante” para la innovación cripto en el país. Además, destacan que esta ambigüedad legal podría ser aprovechada para frenar avances tecnológicos y consolidar el poder en manos de entidades centralizadas, en detrimento de la descentralización.
¿Publicar Código Es un Crimen
El caso Tornado Cash no es el único. A principios de año, el programador Michael Lewellen, miembro del grupo Coin Center, demandó al Fiscal General Merrick Garland buscando proteger su derecho a publicar software no custodial sin ser acusado de actividad criminal.
“Están criminalizando la escritura de código, algo que está protegido por la Constitución”,
declaró Lewellen, reflejando el sentir de una comunidad que ve en estos procesos una amenaza directa a la libertad de desarrollo y expresión tecnológica.
Dos Versiones del Gobierno, Un Solo Problema
La carta advierte sobre la contradicción entre agencias federales: mientras FinCEN establece que los desarrolladores sin control sobre fondos no están regulados como transmisores de dinero, el DOJ parece ignorar esta guía, generando un entorno legal incompatible con el desarrollo responsable de tecnología blockchain.
Desde la óptica pro-cripto, esta cruzada legal no solo es una interpretación desmedida de la ley, sino un serio retroceso para la soberanía tecnológica de EE. UU. Si el Congreso no actúa, advierten los firmantes,
“los desarrolladores se verán obligados a abandonar el país o dejar de innovar”.
