Puntos claves de la noticia:
- Do Kwon solicita una sentencia menor y acepta responsabilidad por la caída de Terra.
- El colapso de Terra eliminó $40 mil millones del mercado cripto.
- Fiscalía de EE.UU. pide 12 años, Corea del Sur hasta 40 años.
Do Kwon solicita una reducción de pena mediante un escrito judicial reciente, donde expone el impacto físico y psicológico generado por su encarcelamiento fuera de Estados Unidos. Su equipo legal afirma que él acepta responsabilidad por su rol en el colapso de Terra, un suceso que dejó una huella profunda en el mercado de activos digitales y provocó pérdidas masivas a escala global.
El desplome de la red Terra en 2022 borró cerca de 40 mil millones de dólares del mercado cripto. La caída del sistema de stablecoin algorítmica generó presión sobre prestamistas, fondos de cobertura y casas de intercambio.
Kwon evitó a las autoridades durante los primeros meses posteriores al derrumbe, aunque su arresto en Montenegro por documentos falsos abrió el camino para su entrega a Estados Unidos. Una vez bajo custodia estadounidense, él asumió culpa por cargos vinculados a fraude electrónico y entregó bienes personales como parte del acuerdo con el gobierno.
Fiscales en Nueva York afirman que no pedirán una pena superior a 12 años, aunque la defensa intenta reducir esa cifra de manera considerable. El proceso, sin embargo, no termina en territorio estadounidense.
Autoridades de Corea del Sur buscan trasladarlo a Seúl después de la sentencia en Estados Unidos y solicitan una condena que podría alcanzar 40 años de prisión. La fecha para escuchar la sentencia quedó fijada para el 11 de diciembre, cuando fiscales presentarán su recomendación final ante la corte.
Criptoempresarios Bajo Presión Mundial
Kwon figura como el acusado más visible del caso Terra, aunque no es el único ejecutivo del sector sometido a procesos estrictos durante la ola reciente de medidas regulatorias. Sam Bankman-Fried, exdirector de FTX, recibió una condena de 25 años en marzo y actualmente impulsa un recurso que cuestiona la validez de su juicio.
Ambos expedientes marcan un cambio claro en la forma en que las autoridades tratan la mala conducta en el sector cripto, pues ahora la relacionan con responsabilidad penal y no solo con fallas operativas del mercado.
