Impuesto sobre el patrimonio y criptomonedas

España es uno de los pocos países con un impuesto anual sobre el patrimonio neto. Los residentes declaran sus bienes en todo el mundo, y desde la ley de medidas contra el fraude fiscal de 2021 la norma establece que las monedas virtuales se valoran por su valor de mercado a 31 de diciembre, con la cotización del exchange o una media representativa. Los no residentes tributan por los bienes situados en España.

El impuesto está cedido a las comunidades autónomas, que fijan mínimos exentos, tipos y bonificaciones; algunas, como Madrid, han aplicado una bonificación total, así que la cuota depende mucho del lugar de residencia. Para limitar ese efecto, en 2022 se creó el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, de ámbito estatal y prorrogado después, que se aplica por encima de un umbral de patrimonio elevado y permite deducir lo pagado en el impuesto autonómico.

Las criptomonedas añaden problemas prácticos: la volatilidad de fin de año puede hacer superar un umbral, hay que sumar lo que está en exchanges y en billeteras propias, y la información de los modelos 172, 173 y 721 facilita a Hacienda detectar omisiones. Los umbrales y bonificaciones cambian a menudo, así que rigen las normas del año en curso.