Puntos clave de la noticia:
- El Tribunal Superior del Reino Unido determinó que el derecho chino rige las reclamaciones sobre más de 61.000 BTC incautados en el caso Zhimin Qian.
- La resolución fortalece al Gobierno, pero no le adjudica el alijo de Bitcoin valorado en £3.800 millones, o $5.000 millones.
- Las víctimas deberán demostrar derechos de propiedad válidos bajo legislación china antes de reclamar recuperación mediante la Sección 281 de la Proceeds of Crime Act.
Una sentencia del Tribunal Superior del Reino Unido reforzó la posición del Gobierno en la disputa por más de 61.000 Bitcoin incautados en el caso Zhimin Qian, valorados en £3.800 millones, o $5.000 millones. En la sentencia del 12 de octubre, el juez Turner determinó que el derecho chino, y no el inglés, rige las reclamaciones de propiedad de las víctimas. La decisión favorece al Gobierno sobre qué legislación debe aplicarse, pero no determina quién es el propietario final de los Bitcoin incautados. El contenido del derecho chino deberá resolverse más adelante.
Las víctimas deberán demostrar sus derechos de propiedad bajo la legislación china
El caso deriva de esquemas fraudulentos operados en China entre 2014 y 2017. Los hechos asumidos por el tribunal indican al menos 128.409 contratos de inversión y fondos por RMB 40.200 millones, unos £4.100 millones, controlados por Qian y asociados. Más de 100.000 BTC fueron comprados mediante Huobi antes de que Qian abandonara China, mientras la policía británica confiscó dispositivos, claves y otros activos, incluidos más de 61.000 BTC. La sentencia estrecha la vía para quienes buscan derechos directos de propiedad sobre esos Bitcoin. La disputa sigue una batalla previa por la restitución.
Las víctimas presentaron reclamaciones bajo la Sección 281 de la Proceeds of Crime Act de 2002, argumentando que el derecho inglés, o una combinación con el chino, debía respaldar sus derechos. Turner rechazó esas vías y concluyó que el derecho chino determina si esos derechos existían antes de que los Bitcoin quedaran bajo control británico. El derecho inglés sigue siendo relevante para el procedimiento. Los demandantes deberán demostrar derechos de propiedad válidos bajo la legislación china antes de poder recuperar parte de los activos incautados. Ese obstáculo añade otra capa a la batalla legal por 61.000 BTC.
La sentencia no adjudica los Bitcoin al Gobierno británico y el tribunal aún no ha escuchado pruebas sobre el derecho chino en detalle ni cada reclamación. Una fase posterior deberá determinar si los derechos reconocidos bajo esa legislación cumplen la Sección 281, mientras los abogados de los demandantes prevén impugnar la resolución. El Gobierno obtuvo una ventaja procesal importante, pero el destino final de este alijo multimillonario de Bitcoin continúa sin resolverse. El caso también se enmarca en el esfuerzo británico por recuperar activos digitales bajo normas sobre producto del delito, incluidas recientes acciones de decomiso de criptomonedas.
