La industria de activos digitales en Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. El fracaso de la CLARITY Act en el Senado, ocurrido el 15 de septiembre de 2026, no solo clausuró la vía legislativa más ambiciosa para definir la estructura de mercado de los criptoactivos, sino que también reconfiguró la estrategia política del sector a un mes de las elecciones de mitad de período.
El resultado de los comicios del 3 de noviembre determinará el control del Congreso y, con ello, la viabilidad de cualquier marco regulatorio integral en el corto y mediano plazo.
El colapso legislativo de la CLARITY Act
La votación de clausura en el Senado, que terminó 49-50, dejó a la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales sin los 60 votos necesarios para superar el filibusterismo. El texto, que había sido negociado durante meses por el presidente del Comité Bancario, Tim Scott, y los senadores Cynthia Lummis y Thom Tillis, buscaba otorgar a la CFTC un papel central en la regulación de los commodities digitales, preservando cierta autoridad de la SEC sobre las ventas primarias.
Sin embargo, las discrepancias en torno a la rentabilidad de las stablecoins y las disposiciones éticas relacionadas con los negocios cripto de la administración Trump resultaron insalvables.
El fracaso de esta legislación no es un hecho aislado. Refleja la dificultad estructural de alcanzar consensos bipartidistas en un tema donde convergen intereses industriales, preocupaciones de seguridad nacional y cálculos electorales.
El gasto político como respuesta estratégica
Ante el bloqueo legislativo, la industria ha redirigido sus recursos hacia la influencia electoral. Las empresas de criptomonedas han contribuido con 189 millones de dólares al ciclo electoral de 2026, una cifra que representa aproximadamente el 37% de todo el gasto corporativo en estas elecciones intermedias.
Los principales donantes incluyen a Ripple (49.6 millones), Crypto.com (38.6 millones) y Coinbase (35.2 millones), mientras que los fundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, aportaron 25.7 millones adicionales.
El Super PAC Fairshake ha sido el mayor beneficiario, recibiendo 82.6 millones de dólares en contribuciones relacionadas con cripto. Su estrategia más visible es el gasto de 30 millones de dólares en publicidad contra el exsenador Sherrod Brown en Ohio, un crítico histórico de la industria que busca regresar al Senado.
Esto no es casual: Brown, como presidente del Comité Bancario en el pasado, tuvo influencia directa sobre la agenda regulatoria y su regreso representaría un riesgo para los intereses del sector.
La efectividad de este gasto es un dato relevante. Los Super PAC cripto y de inteligencia artificial han ganado aproximadamente el 90% de las contiendas en las que han participado durante las primarias de 2026. Este nivel de éxito sugiere que el sector ha aprendido a traducir recursos financieros en resultados electorales concretos, aunque la generalización de esta estrategia a las elecciones generales dependerá de la dinámica específica de cada distrito.
La regulación de agencias como vía alternativa
Mientras el Congreso permanece paralizado, las agencias federales han avanzado en la definición de un marco regulatorio. En marzo de 2026, la SEC y la CFTC emitieron conjuntamente una interpretación que clarifica la aplicación de las leyes federales de valores a los criptoactivos. La interpretación establece una taxonomía de tokens que distingue entre commodities digitales, coleccionables digitales, herramientas digitales, stablecoins y valores digitales.
El presidente de la SEC, Paul Atkins, y el presidente de la CFTC, Michael Selig, han coordinado esfuerzos a través de un memorando de entendimiento y del proyecto «Project Crypto», diseñado para modernizar las reglas que facilitan la migración de los mercados financieros hacia la tecnología blockchain. Esta armonización interinstitucional reduce la fragmentación regulatoria que ha caracterizado la supervisión de los activos digitales durante la última década.
Las interpretaciones de las agencias pueden ser revertidas por administraciones futuras y no ofrecen la permanencia de una ley aprobada por el Congreso. Para los participantes del mercado, esta volatilidad regulatoria representa un riesgo que no puede ser mitigado completamente mediante estrategias de cumplimiento.
Las stablecoins y la implementación de la GENIUS Act
Un área donde el avance regulatorio ha sido más concreto es el de las stablecoins. La GENIUS Act, firmada en julio de 2025, estableció el primer marco federal para la emisión y operación de stablecoins de pago. La ley exige que los emisores mantengan reservas líquidas al menos uno a uno contra el valor de las monedas emitidas, y prohíbe el pago de intereses o rendimientos sobre las stablecoins.
Sin embargo, la implementación ha enfrentado retrasos. Varios reguladores federales no cumplieron con el plazo del 18 de julio de 2026 para emitir las regulaciones finales necesarias para la plena implementación de la ley. La fecha de entrada en vigor permanece programada para el 18 de enero de 2027, o 120 días después de que los reguladores primarios emitan las reglas finales, lo que ocurra primero.
Este retraso genera incertidumbre para los emisores que deben adaptar sus operaciones a los nuevos requisitos. La transición hacia un marco regulado implica costos de cumplimiento significativos, particularmente para entidades que operan en múltiples jurisdicciones y deben navegar tanto el régimen federal como los regímenes estatales que buscan ser certificados como «sustancialmente similares».
El activismo estatal como contrapeso
Mientras Washington debate, los estados han avanzado en la adopción de infraestructura cripto. Texas se convirtió en el primer estado en comprar Bitcoin para una reserva estratégica, adquiriendo aproximadamente 5 millones de dólares a través del ETF IBIT de BlackRock, como parte de una asignación de 10 millones aprobada bajo la legislación SB 21. Nuevo Hampshire y Arizona promulgaron leyes de reserva estratégica meses antes, y más de 30 estados han introducido proyectos de ley similares a mediados de 2026.
Estas iniciativas estatales, aunque limitadas en escala, establecen precedentes legales y operativos que pueden escalar. La decisión de Texas de utilizar un ETF en lugar de construir infraestructura de custodia desde cero refleja un enfoque pragmático que prioriza la liquidez y la familiaridad institucional sobre consideraciones de soberanía tecnológica.
El votante cripto y la respuesta electoral
El electorado vinculado a los activos digitales se ha convertido en un bloque que los candidatos no pueden ignorar. Encuestas citadas por Stand With Crypto, el grupo de defensa fundado por Coinbase, indican que el 70% de los tenedores de cripto afirma que la postura de los candidatos sobre cripto influirá en su voto, y casi el 80% dice que es casi seguro que votará. Además, el 59% de este electorado no tiene una lealtad partidista fuerte, lo que lo convierte en un segmento decisivo en contiendas reñidas.
Stand With Crypto ha respaldado a candidatos de ambos partidos, incluyendo al republicano Jon Husted en Ohio y al demócrata Chris Pappas en Nuevo Hampshire, manteniendo una postura de priorización de la afinidad con la industria sobre la afiliación partidista.
Esta estrategia busca maximizar la influencia del sector independientemente de quién controle el Congreso, pero también refleja la realidad de que el apoyo a los activos digitales no está alineado exclusivamente con un partido.
Escenarios post-electorales y perspectivas
Un Congreso controlado por los demócratas probablemente incrementaría la supervisión de los reguladores federales y podría emitir citaciones a empresas cripto vinculadas a la administración Trump. Sin embargo, analistas legales consideran improbable que se derogue la GENIUS Act, aunque sí podrían modificarse aspectos de su implementación.
Los presidentes de la SEC y la CFTC continuarán impulsando reglas favorables a la industria a través de sus agencias, independientemente de quién controle el Capitolio.
Para el sector, el escenario más favorable sería un Congreso dividido donde la necesidad de compromiso fuerce la aprobación de una versión moderada de la legislación de estructura de mercado. El escenario menos favorable sería un control demócrata unificado que priorice la supervisión y el escrutinio sobre la claridad regulatoria.
La lección principal de este ciclo electoral es que la industria cripto ha madurado políticamente. Ha pasado de ser un actor marginal en Washington a convertirse en el mayor donante corporativo de las elecciones de mitad de período.
Esta influencia financiera no garantiza resultados legislativos, pero sí asegura que las voces del sector sean escuchadas en el proceso de formulación de políticas.
La pregunta que queda por responder es si esa influencia se traducirá en un marco regulatorio duradero o si permanecerá como un factor de presión sin capacidad de cristalizar en ley.
