El ex-CEO de Saitama enfrenta una extradición a EE. UU. por acusaciones de manipulación del mercado de criptomonedas 

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Puntos Clave de la Noticia:

  • Un tribunal británico desestimó el recurso del exdirector ejecutivo de Saitama, Manpreet Kohli, y remitió la solicitud de extradición formal a los ministros del Reino Unido.
  • El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Kohli de fraude electrónico, manipulación de mercado y obtención ilícita de aproximadamente 20 millones de dólares.
  • El acusado permanece en libertad bajo una fianza de 200.000 libras esterlinas mientras su equipo legal evalúa presentar una apelación formal ante las instancias superiores.

El ex-CEO de Saitama, Manpreet Kohli, quedó a un paso de afrontar un juicio penal en Estados Unidos tras el fallo emitido por un magistrado británico en agosto de 2026. La resolución judicial rechaza los recursos de la defensa y traslada al Ejecutivo del Reino Unido la decisión definitiva sobre su entrega territorial.

Información revelada por Reuters indica que, el juez de distrito Samuel Goozee determinó que las salvaguardas médicas de los centros penitenciarios estadounidenses resultan adecuadas para mitigar los riesgos de salud argumentados por la defensa. El proceso responde a una orden de captura internacional librada por la fiscalía federal con sede en Boston, Massachusetts.

Los cargos que enfrenta Kohli son: conspiración para cometer fraude electrónico, manipulación de instrumentos financieros y operación no autorizada de un negocio de transmisión de dinero. La acusación detalla que los directivos del proyecto coordinaron compras artificiales mediante múltiples billeteras digitales para inflar el volumen negociado del token Saitama, un activo desarrollado sobre la red Ethereum que en su momento de mayor actividad alcanzó una capitalización teórica de $7.500 millones de dólares.

El expediente penal sostiene que los involucrados ejecutaron maniobras de wash trading a través de creadores de mercado contratados. De acuerdo con la documentación oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., los operadores compraban y vendían simultáneamente los mismos lotes de tokens entre cuentas bajo su control directo, proyectando una liquidez inexistente frente a los inversores minoristas.

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El origen del caso y la red de manipulación con Gotbit

La causa penal contra Kohli forma parte de la denominada Operación Token Mirrors, una investigación federal del FBI y fiscales de Boston anunciada a finales de 2024. Las pesquisas iniciales derivaron en la imputación de 18 personas y varias firmas intermediarias vinculadas a la alteración algorítmica de cotizaciones en múltiples plataformas centralizadas y descentralizadas.

Los informes procesales indican que los administradores de Saitama contrataron a las empresas de corretaje ZM Quant y Gotbit para ejecutar algoritmos automatizados de compraventa. La documentación oficial del Departamento de Justicia señala que, mientras los líderes del proyecto aseguraban en canales públicos que mantenían sus tenencias bloqueadas, descargaron de forma encubierta millones de unidades en el mercado abierto.

La fiscalía federal calcula que Kohli obtuvo ganancias personales cercanas a los $20 millones de dólares mediante estas liquidaciones coordinadas. Por su parte, la firma Gotbit admitió su participación en estas prácticas durante los procedimientos judiciales de 2025, lo que derivó en la confiscación judicial de $23 millones de dólares y una condena de ocho meses de prisión para su fundador, Aleksei Andriunin.

A nivel procesal en territorio estadounidense, un tribunal federal de Boston desestimó a principios de agosto de 2026 una moción previa de Kohli que buscaba anular la acusación penal argumentando que el token no constituía legalmente un contrato de inversión bajo la normativa de valores.

El procedimiento legal en Londres contempla que la orden de entrega sea revisada por el Ministerio del Interior británico, instancia que fijará los plazos de ejecución en tanto se resuelve el derecho a apelación que la defensa puede interponer ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales.

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