Puntos clave de la Noticia:
- Siete borradores de ley independientes circulan internamente en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de EE. UU. antes de la audiencia del 9 de junio.
- Las propuestas incluyen la extensión de las reglas de venta lavada (wash sales) al sector de los activos digitales y la exención fiscal para transacciones de pagos rutinarios.
- Estimaciones legislativas previas de proyectos similares proyectan una recaudación de aproximadamente 600 millones de dólares entre los años 2025 y 2034.
El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos puso en marcha una ofensiva fiscal mediante la circulación interna de siete borradores de ley que buscan reformar de manera estructural la tributación de los activos digitales en territorio estadounidense. La iniciativa surge días antes de una audiencia del comité programada para el próximo 9 de junio.
🚨SCOOP: The House Ways and Means Committee is circulating a package of SEVEN digital asset tax discussion drafts that would overhaul how crypto is taxed in the U.S.
The bills tackle everything from stablecoin transactions, mining and staking, crypto lending and wash sale rules… pic.twitter.com/GuTp0B2zSq
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 5, 2026
El paquete legislativo divide un proyecto de ley fiscal bipartidista más amplio en propuestas independientes. De acuerdo con el texto en discusión, la estrategia busca permitir que los legisladores impulsen cada medida por separado para facilitar su aprobación.
El plan divide formalmente la Ley PARITY de Activos Digitales, que fue presentada originalmente el 19 de mayo por los representantes Max Miller y Steven Horsford. La jefatura del comité estableció la fiscalidad de las criptomonedas como una prioridad para el presente período de sesiones.
Regulación de stablecoins, minería y préstamos digitales
La Ley PARITY incluye disposiciones para evitar que las transacciones de pago cotidianas activen la obligación de reportar impuestos. En una propuesta paralela del Senado, se plantea una exención de minimis de $300 dólares con un límite anual de $5.000 dólares para este tipo de operaciones.
El segundo eje de la propuesta se concentra en las actividades de validación y minería de bloques. Los borradores sugieren que los validadores y mineros difieran el reconocimiento de sus ingresos hasta el momento en que vendan las recompensas obtenidas.
Esta medida busca resolver el problema del ingreso fantasma, que actualmente obliga a pagar impuestos por tokens antes de que los titulares los conviertan en dinero en efectivo. Según el análisis de los borradores, el texto de la Ley PARITY también permitiría a los comerciantes y operadores activos optar por la contabilidad de valor de mercado (mark-to-market). Este método contable se alinea directamente con la forma en que se gravan los valores tradicionales en el sistema financiero estadounidense.
Los préstamos de criptomonedas representan el tercer sector regulado en este paquete. La normativa propuesta extendería las reglas de préstamo de valores mobiliarios a los activos digitales. Bajo este criterio, un préstamo legítimo dejaría de contabilizarse como una venta sujeta a impuestos.
Cierre de brechas legales en el mercado cripto
Los borradores presentados también aplicarían las reglas de venta lavada (wash sale rules) a las criptomonedas por primera vez en la historia de esta industria. Los operadores tendrán que esperar un período de 30 días antes de reclamar una pérdida fiscal si deciden volver a comprar el mismo activo.
Los inversores en acciones ya se enfrentan a este límite en Wall Street. Las nuevas disposiciones simplificarían las reglas para donaciones benéficas con tokens líquidos, mientras se limitan los abusos con activos especulativos.
Organizaciones defensoras de Bitcoin expresaron su oposición a la legislación debido a las cláusulas relacionadas con la minería. Según estimaciones vinculadas a la versión del Senado, se proyecta que estas medidas podrían recaudar unos 600 millones de dólares entre 2025 y 2034.
El desarrollo institucional de estas normativas dependerá de las negociaciones políticas en el Congreso. La sesión programada para el 9 de junio servirá para determinar cuáles de los siete borradores de ley cuentan con el respaldo bipartidista necesario para avanzar en el proceso legislativo formal.
