El Congreso de Estados Unidos aprobó en 2025 la ley GENIUS, el primer marco federal para stablecoins. La norma prohíbe que emisores como Circle paguen intereses directamente a los tenedores. Sin embargo, el legislador dejó abierta una vía para que plataformas terceras —exchanges como Coinbase o Kraken— ofrezcan recompensas por los depósitos en stablecoins.
La decisión del legislador desató el conflicto actual. En los meses siguientes, las plataformas cripto comenzaron a pagar rendimientos que oscilan entre el 4 % y el 5 % anual sobre USDC y otros activos. Coinbase y Kraken compiten por atraer los saldos de usuarios que buscan proteger su poder adquisitivo frente a la inflación.
Las recompensas provienen de los intereses que generan los activos de reserva, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos. El modelo replica, en esencia, lo que hace un banco: toma fondos, invierte en deuda soberana y devuelve parte del rendimiento al depositante. Pero lo hace sin la carga de una red de sucursales ni de requisitos de capital heredados.
La banca tradicional reaccionó con alarma. Asociaciones como el Bank Policy Institute y la American Bankers Association presionan a los reguladores para que cierren lo que califican de vacío legal. Los bancos argumentan que las recompensas equivalen a intereses sobre depósitos no asegurados y que, de generalizarse, drenarían billones de dólares del sistema bancario. El escenario que describen reduciría la capacidad de préstamo y desestabilizaría el sistema financiero.
Las empresas cripto responden que los bancos defienden un monopolio sobre los depósitos de bajo costo. Una coalición de más de 125 firmas envió una carta al Congreso en defensa de las recompensas.
El CEO de Coinbase, Brian Armstrong, advirtió que restringir los rendimientos en Estados Unidos entregaría una ventaja estratégica a jurisdicciones como China. El CEO de Kraken, David Ripley, enmarcó la disputa como un asunto de libertad del consumidor. Para las compañías cripto, la tasa cercana a cero que pagan los bancos por las cuentas de ahorro representa una extracción de valor que las stablecoins corrigen.
En el Capitolio, los senadores Thom Tillis y Angela Alsobrooks intentaron forjar un compromiso. Presentaron una enmienda que prohibía las recompensas «económica o funcionalmente equivalentes» a intereses sobre depósitos, pero permitía las recompensas vinculadas a actividad real en la plataforma. El texto buscaba trazar una línea entre el pago por custodiar fondos y el incentivo por usar servicios.
La banca rechazó la propuesta. Los grandes grupos comerciales emitieron un comunicado conjunto donde afirmaron que la enmienda se queda corta y que todavía abre la puerta a eludir la prohibición mediante programas de membresía.
En contraste, Coinbase, Circle y otras empresas cripto aceptaron la redacción y pidieron al Congreso que avanzara con el proyecto. La negativa bancaria al compromiso desnuda la intención real. Los bancos no buscan un equilibrio; persiguen una prohibición total.

Su estrategia apunta a eliminar cualquier producto que compita con los depósitos asegurados, aunque ese producto ofrezca un rendimiento de mercado que los consumidores demandan. Durante más de una década, la banca ha remunerado los ahorros con tasas inferiores a la inflación mientras el Tesoro pagaba intereses muy superiores. Las stablecoins cierran la brecha.
El regulador bancario, la Oficina del Contralor de la Moneda, añadió otra capa al conflicto. Propuso una norma para implementar la ley GENIUS que podría impedir que las plataformas paguen rendimiento sobre stablecoins mantenidas en custodia. Los bancos presionan para que la OCC adopte una interpretación amplia que trate cualquier interés originado en custodia como ilegal. Las firmas cripto defienden que los acuerdos con terceros son legales y que la ley no concede a la OCC autoridad para prohibirlos.
El argumento del riesgo sistémico merece un examen cuidadoso. Los bancos advierten sobre una fuga masiva de depósitos. Sin embargo, los emisores de las stablecoins que pagan recompensas mantienen reservas en activos de alta liquidez, principalmente letras del Tesoro y repos a un día. No operan bajo un esquema de reserva fraccionaria. Un retiro masivo de stablecoins no desencadena una corrida bancaria porque los emisores mantienen los fondos en custodia y pueden liquidar los bonos subyacentes.
El verdadero riesgo reside en empujar a los usuarios hacia plataformas extraterritoriales que operan sin supervisión alguna. La prohibición no elimina la demanda de rendimiento; la traslada a jurisdicciones menos transparentes.
La postura de la banca revela una paradoja. Las mismas entidades que critican a las cripto por su falta de regulación ahora exigen al gobierno que prohíba un producto regulado —la stablecoin con recompensa— bajo un marco federal. La ley GENIUS exige a los emisores reservas uno a uno, auditorías periódicas y divulgación de la composición de activos.
Los consumidores reciben más información sobre las tenencias de USDC de la que jamás obtienen sobre el balance de un banco comercial. La propuesta de las recompensas de terceros opera dentro de ese perímetro normativo.
La solución no pasa por vetar un servicio que millones de usuarios ya utilizan. Pasa por establecer reglas de divulgación claras y requisitos prudenciales proporcionados. Las plataformas deben informar sobre el origen de los rendimientos, los riesgos asociados y la ausencia de seguro de depósito.
El Congreso puede exigir que los fondos subyacentes se mantengan en vehículos transparentes y que las plataformas no comercialicen las recompensas como «cuentas de ahorro». Pero eliminar la competencia por decreto solo beneficia a los bancos que no quieren mejorar su oferta.
El momento actual define qué tipo de sistema financiero surge del progreso tecnológico. Si los reguladores ceden ante el lobby bancario, Estados Unidos exportará la tecnología de dinero digital a otras areas y los consumidores seguirán atrapados en cuentas que rinden casi nada.
Si, por el contrario, permiten que las recompensas prosperen con reglas sensatas, el mercado ofrecerá una alternativa real a los depósitos tradicionales. La decisión no es técnica; es una decisión sobre quién captura el valor que generan los dólares digitales.





