Puntos clave de la noticia:
- Víctimas de ataques terroristas vinculados a Irán solicitaron ante un tribunal de Manhattan la transferencia de $344 millones en USDT congelados por Tether.
- La moción busca hacer cumplir sentencias por aproximadamente $2.420 millones, exigiendo a la compañía anular dos direcciones vinculadas al CGRI y reemitir el equivalente.
- Los demandantes argumentan que Tether tiene capacidad técnica y obligación legal de transferir los fondos, citando precedentes de otras órdenes judiciales.
Un grupo de acreedores con sentencias por terrorismo en Estados Unidos presentó una moción ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para obligar a Tether a transferir más de $344 millones en USDT congelados en direcciones bloqueadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), atribuidas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).
La moción argumenta que la compañía tiene tanto la capacidad tecnológica como la obligación legal bajo la legislación de transferencia de Nueva York y los estatutos federales de aplicación contra el terrorismo para anular los saldos vinculados al CGRI y reemitir un monto equivalente en nuevos USDT a una wallet designada por los demandantes.
Precedentes que Complican la Defensa de Tether
El documento cita dos casos que debilitan cualquier argumento de incapacidad operativa por parte de la firma. En noviembre de 2025, en un caso en el Distrito de Columbia, el FBI entregó a Tether una orden de confiscación fechada el 19 de marzo de 2025, y la compañía transfirió el monto equivalente en USDT al gobierno de Estados Unidos. En un segundo caso de Ohio, del 25 de abril de 2025, Tether «quemó» tokens desde una dirección objetivo y reemitió 4.340.000 USDT a una wallet controlada por las autoridades.
Tether congeló las wallets en cuestión el 24 de abril, el mismo día en que OFAC las incorporó a su lista de Nacionales Especialmente Designados. Los demandantes sostienen que el tribunal puede ejercer jurisdicción personal sobre la compañía porque las reservas de la firma salvadoreña están mayormente custodiadas y administradas en Nueva York a través de Cantor Fitzgerald.
La medida no apunta a los activos corporativos propios de la firma sino a intereses específicos de propiedad iraní bajo su custodia. En total, los demandantes buscan ejecutar sentencias que suman aproximadamente $552,3 millones en daños compensatorios y $1.860 millones en daños punitivos, dictadas a lo largo de más de dos décadas en múltiples casos federales relacionados con terrorismo.
