Puntos clave de la noticia:
- El comité del Senado de Australia respaldó el Digital Assets Framework Bill 2025, acercando la creación de un régimen de licencias para exchanges y plataformas de custodia tokenizada.
- La propuesta obligaría a operadores custodiales a obtener licencias de servicios financieros, cumplir reglas de conducta y divulgación, y adaptarse en seis meses tras la sanción real.
- Los proveedores pequeños y algunos negocios de infraestructura quedarían exentos, aunque persiste la preocupación de que definiciones amplias alcancen a software de wallets y firmas de MPC.
Australia acaba de quedar un paso más cerca de contar con un marco formal para el sector cripto, y el respaldo del comité del Senado cambia el impulso político en torno a una propuesta que llevaría buena parte de la industria hacia el terreno de la regulación financiera tradicional. El Comité de Legislación Económica del Senado recomendó aprobar el proyecto Corporations Amendment (Digital Assets Framework) Bill 2025, empujándolo hacia la fase final del proceso parlamentario. La iniciativa colocaría a los exchanges cripto y a las plataformas de custodia tokenizada bajo el régimen vigente de servicios financieros en Australia, marcando un giro claro desde una supervisión más ligera hacia un esquema basado en licencias, reglas de conducta y responsabilidad regulatoria.
Las licencias pasan al centro del nuevo marco
En el corazón del proyecto aparece un sistema de licencias pensado para tratar a los principales intermediarios cripto más como entidades financieras tradicionales. El texto definiría conceptos como token digital, plataforma de activos digitales y plataforma de custodia tokenizada, y luego exigiría que los proveedores de wallets custodiadas y los operadores de exchanges que mantengan activos de clientes obtengan una Australian Financial Services Licence y cumplan estándares sobre tenencia de activos y ejecución de transacciones. El paquete también incorpora obligaciones de divulgación adaptadas para clientes minoristas. Los operadores que todavía no tengan licencia dispondrían de un periodo de transición de seis meses tras la sanción real para adecuarse a las nuevas reglas.
La lógica política del proyecto es cerrar la brecha entre la custodia cripto y la protección al inversor que ya existe en las finanzas convencionales. Los legisladores sostienen que algunas firmas han podido custodiar miles de millones en activos de clientes sin las salvaguardas exigidas en el sistema financiero tradicional, dejando espacio para retiros congelados, disputas por insolvencia, mezcla de fondos y operaciones propietarias no reveladas. Al mismo tiempo, se introdujeron exenciones específicas para empresas más pequeñas y ciertos proveedores de infraestructura blockchain. Las plataformas que procesen menos de A$10 millones en transacciones anuales no quedarían sujetas a las mismas exigencias, en un intento por equilibrar protección al consumidor con espacio para la experimentación y el surgimiento de startups.
Y precisamente ahí es donde el apoyo y la inquietud empiezan a encontrarse dentro del sector cripto australiano. Los reguladores han dejado claro un enfoque de “función por encima de tecnología”, según el cual la custodia, el trading y la liquidación deben regularse según su propósito económico y no por su envoltorio blockchain. Parte de la industria celebró el respaldo del comité, pero algunos actores advirtieron que las definiciones de token digital y de control fáctico podrían ser lo bastante amplias como para terminar alcanzando, sin querer, a desarrolladores de software de wallets y proveedores de MPC. El aval del comité supera un obstáculo parlamentario importante, pero también deja planteada la gran pregunta: si Australia podrá regular con más firmeza sin terminar regulando de más.
