Ripple, el protocolo de pago basado en blockchain, se está preparando para una sólida contraofensiva legal contra la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) después de una serie de significativas victorias legales.
En una reciente entrevista con CNBC, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, reveló la audaz estrategia de la compañía en respuesta a la demanda de disgorgement de $770 millones por parte de la SEC relacionada con las ventas institucionales de XRP.
La saga legal tomó un giro decisivo con tres victorias consecutivas para Ripple
En primer lugar, el 13 de julio, la juez Torres emitió un fallo histórico, afirmando inequívocamente que XRP no califica como un valor.
Esta victoria decisiva permitió que los exchanges de criptomonedas volvieran a listar XRP, lo que provocó un aumento en su precio por encima de $0.80.
El impulso continuó cuando la juez Torres rechazó la solicitud de apelación interlocutoria de la SEC y desestimó los cargos contra los ejecutivos de Ripple, Brad Garlinghouse y Chris Larsen.
Garlinghouse expresó una confianza elevada a raíz de estas victorias, pero criticó a la SEC por lo que percibe como estrategias regulatorias repetitivas e ineficaces.
Estableció paralelismos con el éxito de Grayscale en los Estados Unidos con un Bitcoin ETF, donde un juez federal reprendió a la SEC por su arbitrariedad y capricho.
El CEO delineó la anticipación de Ripple de un giro positivo en la batalla legal, enfatizando la desviación de la SEC de su misión central de protección al inversor.
Ripple está preparado para impugnar la reclamación de disgorgement de la SEC, centrándose en las decisiones futuras del juez con respecto a remedios, la identificación de inversores perjudicados y el escrutinio de las leyes de valores para inversores institucionales.
A pesar de las celebraciones de Ripple, la negativa a una apelación interlocutoria podría considerarse como una oportunidad perdida para acelerar el proceso legal.
La crítica de Garlinghouse al enfoque de la SEC como ‘insanity’ podría encontrar argumentos en favor de la necesidad de una postura regulatoria sólida para prevenir posibles abusos en el mercado.
