Puntos clave de la noticia:
- Putin firmó en febrero de 2026 una ley que clasifica las cripto como propiedad intangible y permite a tribunales confiscar activos en casos penales.
- Los investigadores deben registrar tipo, cantidad y direcciones de wallet; pueden transferir fondos a wallets del gobierno y solicitar a exchanges congelar o recuperar activos.
- El marco al 1 de julio de 2026 limita compras de no calificados a 300,000 rublos ($4,000), exige plataformas licenciadas, mantiene prohibidos pagos domésticos y permite liquidaciones transfronterizas.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó una legislación que otorga formalmente a tribunales y fuerzas del orden autoridad para incautar y confiscar criptomonedas durante investigaciones penales en todo el país. Rusia está tratando a las cripto como propiedad, y eso cambia el playbook de enforcement. La ley, aprobada a finales de febrero de 2026, clasifica las monedas digitales como “propiedad intangible”, lo que habilita congelar tenencias, incorporarlas a expedientes y confiscarlas para cumplir fallos o reclamaciones civiles. Las autoridades también pueden tomar control de wallets y dispositivos de hardware y, cuando corresponda, solicitar cooperación a exchanges. Se espera que entre en vigor diez días después de su publicación oficial.
Cómo el marco de confiscación vuelve “operable” la ejecución
La norma detalla un proceso estructurado de incautación. Los investigadores deben documentar lo incautado y luego asegurar los activos en una forma controlable. Los expedientes deberán registrar el tipo de cripto, la cantidad y las direcciones de wallet vinculadas a sospechosos. La ley habilita confiscar dispositivos físicos, incluidos servidores, computadoras y hardware wallets, cuando sean relevantes para la investigación. Cuando sea técnicamente posible, funcionarios pueden transferir los fondos incautados a direcciones de wallet controladas por el gobierno. El marco también crea una vía legal para solicitar asistencia a exchanges extranjeros para congelar o recuperar activos, mientras reglas ejecutivas posteriores definirán estándares de almacenamiento.
Rusia además está construyendo un marco nacional cripto con fecha límite del 1 de julio de 2026. El enfoque combina límites de acceso para inversores con licenciamiento más estricto para plataformas. Se plantea que inversores minoristas “no calificados” tengan topes de compra de 300,000 rublos (unos $4,000) y acceso limitado a tokens líquidos como Bitcoin y Ethereum. Los inversores calificados evitarían límites de volumen, pero quedarían excluidos de privacy coins como Monero, Zcash y Dash. Exchanges y brokers deberán obtener licencias o enfrentar bloqueos desde julio de 2026. Para el 1 de julio de 2027, operar como intermediario sin licencia podría implicar sanciones penales, incluso hasta siete años de prisión.
No se trata de una prohibición total, pero sí de un perímetro más rígido. Los pagos cripto domésticos siguen prohibidos, mientras se habilita el uso transfronterizo. Se mantiene la prohibición de 2021 de pagar bienes y servicios con cripto en Rusia; desde 2026, pagos ilegales podrían derivar en confiscación y multas. Sin embargo, se permitiría el uso de activos digitales y stablecoins para liquidaciones transfronterizas y comercio exterior, y se exige reportar holdings en cuentas extranjeras al Servicio Federal de Impuestos. La ejecución no es trivial: se debe vincular wallets con sospechosos, venues offshore complican congelamientos y los DEX no tienen una entidad central, lo que podría empujar a controles de acceso más duros.
