Puntos claves de la noticia:
- JPMorgan identifica la ley cripto en EE.UU. como variable clave para mercados.
- Un marco regulatorio claro liberaría capital institucional, según el banco.
- Negociaciones en Senado siguen estancadas por pagos de recompensas en stablecoins.
JPMorgan no suele apostar por escenarios inciertos sin respaldo. Por eso su más reciente nota de investigación llama la atención: el banco identifica un catalizador legislativo concreto que podría cambiar el rumbo de los activos digitales antes de que termine el año. No se trata de métricas on-chain ni de movimientos de ballenas. Se trata de política, negociación y poder regulatorio en Washington.
La tesis del banco es directa: si el Congreso aprueba antes de mediados de año una ley integral de estructura de mercado para activos digitales, el sector recibirá claridad regulatoria real por primera vez en su historia moderna.
Eso, según JPMorgan, abre la puerta a que el capital institucional entre con convicción, algo que los grandes fondos han postergado precisamente por la ausencia de reglas claras. El banco también destaca que una ley así eliminaría la práctica de perseguir judicialmente a empresas del sector sin que existan normas escritas que las guíen, un mecanismo que ha generado fricciones y desconfianza entre operadores, inversionistas y desarrolladores durante años.
El proyecto en cuestión —la Clarity Act— ya superó la votación en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el Senado frenó su avance.
Los legisladores debaten cómo complementar la Genius Act, la primera ley federal que estableció un marco para la emisión de stablecoins y que Trump promulgó en julio. Ese texto fue un primer paso, pero dejó preguntas abiertas que ahora generan desacuerdos entre bancas y bloques.
La pelea real es por quién controla el rendimiento de las stablecoins
En el centro del estancamiento legislativo hay una pregunta con consecuencias billonarias: ¿pueden plataformas como Coinbase pagar recompensas a sus usuarios por mantener stablecoins en sus cuentas? Para las bancas tradicionales, la respuesta es no.
Su argumento apunta a que ese modelo atrae depósitos fuera del sistema financiero regulado y puede generar presiones sobre la estabilidad de entidades que operan bajo supervisión prudencial. Para las empresas cripto, restringir ese mecanismo equivale a entregarle al sector bancario una ventaja competitiva sin fundamento técnico.
La disputa tomó un giro político en enero, cuando Brian Armstrong, máximo ejecutivo de Coinbase, abandonó públicamente el proyecto de ley. Su salida forzó una nueva ronda de negociaciones que incluyó reuniones en la Casa Blanca con representantes de firmas cripto, grupos del sector y lobistas bancarios.
La semana pasada, Armstrong reconoció que el proceso avanza y que existe una salida viable. Sin embargo, ningún acuerdo formal está sobre la mesa todavía.
Mientras el debate legislativo se prolonga, el mercado opera en modo defensivo. Bitcoin registró en octubre de 2024 su máximo histórico, superando los 126.000 dólares, impulsado por la expectativa de que una segunda administración Trump favorecería al sector. Lo que siguió fue una corrección extensa que erosionó ganancias, sacó a inversores minoristas del mercado y dejó al activo en una fase lateral sin dirección clara.
Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise Asset Management, describió el momento con precisión clínica: los ciclos bajistas en criptomonedas no terminan cuando los titulares vuelven a ser positivos ni cuando hay jornadas de subida fuerte.
Ese desinterés generalizado, según Hougan, es la señal real de que el fondo se aproxima. También advirtió que el proceso de consolidación será prolongado, irregular y que podrían registrarse mínimos adicionales antes de que el mercado retome una dirección sostenida.
Lo que JPMorgan plantea no es optimismo gratuito. Es una condición. Sin ley, la incertidumbre regulatoria sigue siendo el principal obstáculo para la entrada de capital institucional a escala. Con ley aprobada, ese obstáculo desaparece y el escenario para el segundo semestre cambia de forma sustancial. El reloj legislativo corre, y el mercado lo sabe.
