Puntos clave de la noticia
- El gobernador Gavin Newsom firmó la ley SB 822, la primera de su tipo en Estados Unidos.
- La ley obliga al estado a custodiar las criptomonedas no reclamadas «en especie», no a liquidarlas por efectivo.
- Los inversores ahora tendrán mejores condiciones y más tiempo para recuperar sus activos digitales originales.
California se ubica a la vanguardia de la regulación de activos digitales en Estados Unidos. Y es que, el gobernador Gavin Newson promulgó la ley SB 822.
Esta legislación pionera reforma la Ley de Propiedad No Reclamada del estado y establece un nuevo estándar para la protección de criptoactivos en California, abordando un punto crítico que afectaba a miles de inversores: la liquidación forzosa de sus fondos.
Hasta ahora, si una cuenta en un exchange o con un custodio permanecía inactiva durante tres años, la empresa debía entregar los activos al estado, que procedía a su liquidación inmediata por dinero fiduciario.
Es decir, si un propietario reclamaba sus fondos posteriormente, solo recibía el valor en efectivo del momento de la venta, perdiendo cualquier apreciación futura y enfrentándose a posibles implicaciones fiscales. La nueva ley elimina esta práctica por defecto.
Priorizando los Derechos del Propietario
Con la SB 822, California está obligada a mantener los activos financieros digitales «en especie». En lugar de venderlos, el estado designará a custodios de criptomonedas con licencia para que los gestionen.
Los activos no se considerarán abandonados hasta después de un período de inactividad de tres años, y las empresas deben enviar notificaciones a los propietarios entre 6 y 12 meses antes de reportarlos al estado. Si los activos finalmente pasan a custodia estatal, el propietario original tendrá un mínimo de 18 meses para reclamar sus criptomonedas originales.
Esta medida no solo ofrece una mayor protección de criptoactivos en California, sino que también alinea el tratamiento de las criptomonedas con el de otros valores financieros, como acciones y cuentas bancarias. La ley, que excluye los monederos de autocustodia, sienta un precedente que podría influir en la legislación de otros estados, priorizando la recuperación de los activos del propietario sobre la simplicidad administrativa.
