Puntos clave de la noticia:
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Republic lanzará tokens vinculados al valor de acciones privadas de SpaceX, sin derechos de propiedad ni acceso a información financiera.
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Los inversores podrán participar desde $50 y hasta $5,000. Los tokens reflejarán la diferencia entre el precio de compra y venta futura de las acciones.
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La iniciativa, basada en el JOBS Act de 2012, desata dudas por la falta de derechos societarios y acceso a balances, similar a casos que ya generaron conflictos regulatorios.
Republic anunció que comenzará a vender tokens vinculados al rendimiento de las acciones privadas de SpaceX. Estos tokens replicarán el valor de mercado de los títulos, pero sin otorgar derechos de propiedad ni acceso a información financiera de la compañía.
La iniciativa se enmarca dentro de las disposiciones del JOBS Act de 2012, que permite a emisores privados recaudar hasta $5 millones anuales de inversores minoristas bajo ciertas condiciones.
El proyecto establece una inversión mínima de $50 y un tope de $5,000 por persona. Cada token dará derecho a percibir la diferencia entre el precio de compra de Republic y el valor de venta futura de las acciones de SpaceX, ya sea en el mercado secundario o en una eventual oferta pública. Según explicó la empresa, no se requiere autorización de SpaceX para emitir estos tokens, ya que se estructuran como contratos de inversión gestionados por Republic.
Los tokens se emitirán bajo las normas de Regulation Crowdfunding en Estados Unidos. El precio se basará en valoraciones del mercado secundario de las acciones de SpaceX. Tras un período de bloqueo de un año, los inversores podrán negociarlos en INX, una plataforma que Republic está en proceso de adquirir.
Dudas y Problemas Regulatorios: La Respuesta de Republic
El modelo planteado ha hecho que surjan dudas legales por la ausencia de derechos societarios, la falta de acceso a balances y reportes oficiales y los mecanismos de protección disponibles para los inversores. Hubo casos anteriores, como el de Binance en 2021, que suspendió ofertas de este tipo tras las presiones regulatorias. Aún no se han definido criterios claros para la supervisión de este tipo de productos.
Republic sostiene que su oferta se ajusta a las normativas vigentes, aunque reconoce que los reguladores podrían interpretarlo de otro modo. La propuesta podría sentar las bases para una nueva etapa en la tokenización de equity privado, ofreciendo exposición sobre compañías no listadas sin necesidad de contar con autorización corporativa.
Este tipo de esquemas obliga a revisar los criterios regulatorios sobre divulgación de información, derechos de los inversores y circulación secundaria de activos. Su evolución podría definir el alcance de las plataformas minoristas sobre activos que, hasta ahora, permanecían restringidos a fondos institucionales y al capital privado.
