Puntos clave de la noticia
- Fiscales de EE.UU. buscan la sentencia máxima de 5 años para los cofundadores de Samourai Wallet.
- Se les acusa de lavar $237M, aunque se declararon culpables solo de operar sin licencia.
- La defensa alega que fiscales ocultaron que FinCEN no consideraba a Samourai un transmisor de dinero.
Fiscales del Distrito Sur de Nueva York piden sentencia máxima de cinco años de prisión para los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill. En un memorando de sentencia presentado el viernes, la fiscalía argumentó que ambos «solicitaron, alentaron e invitaron repetidamente a criminales» a usar la plataforma para ocultar ganancias ilícitas.
Las autoridades alegan que, aunque se comercializaba como una herramienta de anonimato, Samourai funcionó principalmente como un mecanismo de lavado para al menos $237 millones procedentes de narcotráfico y hackeos entre 2015 y 2024.
Rodriguez y Hill, cuyas sentencias están programadas para el 6 y 7 de noviembre respectivamente, ya se habían declarado culpables en julio de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Defensa acusa a Fiscalía de ocultar pruebas clave de FinCEN
Este caso representa una de las acciones más agresivas del gobierno de EE.UU. contra las herramientas de privacidad cripto, siguiendo la línea de la condena del desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm.
Sin embargo, el caso de Samourai Wallet presenta una controversia legal significativa. En mayo, los abogados defensores acusaron a los fiscales de ocultar pruebas exculpatorias clave.
Según una carta enviada al tribunal, funcionarios de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE.UU. habían comunicado a la fiscalía, meses antes de presentar cargos, que Samourai Wallet no requería una licencia de transmisor de dinero. La defensa sostiene que esta guía crucial fue ocultada durante casi un año.
La lógica de FinCEN era que Samourai, al ser una billetera sin custodia que nunca controlaba los fondos o claves privadas de los usuarios, no calificaba como un Negocio de Servicios Monetarios (MSB).
A pesar de esta guía de la agencia experta, la fiscalía avanzó con los cargos, argumentando que la plataforma ejercía un «control funcional» sobre los activos, una teoría que FinCEN nunca ha respaldado oficialmente.
Aunque Rodriguez y Hill evitaron cargos más graves (como lavado de dinero, con penas de 20 años) al aceptar el acuerdo de culpabilidad, la fiscalía ahora exige la pena máxima de cinco años por el cargo menor, superando los 42 meses recomendados por la oficina de libertad condicional. La industria observa de cerca, temiendo un precedente que criminalice el desarrollo de software de código abierto y la privacidad financiera.
