Puntos clave de la noticia:
- Japón no tiene vigente una pena de 10 años de prisión por venta no registrada de criptomonedas, según los materiales oficiales de la FSA.
- La Ley de Servicios de Pago establece un máximo de 3 años de confinamiento o una multa de ¥3 millones por operar sin registro.
- La Ley de Instrumentos Financieros y Mercado de Valores eleva ese techo a 5 años de prisión o una multa de ¥5 millones para actividades clasificadas como valores.
Japón aclaró que no contempla una pena de 10 años de prisión por la venta no registrada de criptomonedas, según los materiales públicos disponibles de la Agencia de Servicios Financieros (FSA). No existe ningún proyecto de ley, aviso oficial ni propuesta legislativa ante la Dieta que respalde esa cifra. Dicha afirmación es falsa, probablemente producto de errores de interpretación o de la confusión con otros delitos del ordenamiento japonés.
Las normas vigentes establecen techos considerablemente más bajos. Bajo la Ley de Servicios de Pago (PSA), operar un exchange de criptomonedas sin registro constituye un delito penal sancionado con hasta tres años de confinamiento o una multa de hasta ¥3 millones. Cuando las actividades cripto califican como negocio de valores, se aplica en cambio la Ley de Instrumentos Financieros y Mercado de Valores (FIEA), que eleva el máximo a cinco años de prisión o ¥5 millones en multas, según los informes jurídicos de firmas como Nishimura & Asahi.
Marco Regulatorio de Japón: los que los Operadores Deben Conocer
La distinción entre ambas leyes es crucial para quienes operan en el sector. La PSA clasifica la actividad sin registro bajo la categoría de confinamiento, un concepto distinto al de prisión estándar en el derecho penal japonés, y refleja los criterios de protección al consumidor que guían esa legislación. La FIEA, más estricta en materia de divulgación y controles de registro, se activa cuando el activo en cuestión se asimila a un instrumento financiero tradicional.
La Japan Virtual and Crypto Assets Exchange Association (JVCEA) complementa ese marco estatutario con estándares de autorregulación para sus exchanges miembro, añadiendo una capa de supervisión sectorial. Según un documento explicativo de la firma Arristor orientado a la protección del consumidor, «operar un exchange de criptoactivos sin registro es punible con confinamiento de hasta tres años o una multa de hasta ¥3 millones».
Para los operadores, sobredimensionar las sanciones aplicables puede distorsionar las evaluaciones de riesgo y condicionar decisiones sobre si solicitar o no el registro. Los programas de cumplimiento deben basarse en los textos de la PSA y la FIEA tal como están promulgados, priorizando fuentes oficiales de la FSA, ordenanzas del Gabinete y registros de la Dieta por encima de resúmenes secundarios no verificados.
