Un total de 21 mineros Bitcoin fueron encontradas en un almacén ubicado en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, en Venezuela, de acuerdo con un diario local.
La fuente indicó que, dentro de ese lugar, un total de 21 mineros marca Bitmain, junto con 18 fuentes de alimentación de la misma marca, un switch TP-LINK y un mini laptop Sony fueron encontrados e incautados por el servicio de Investigación Penal de la Policia de Lara.
Las autoridades fueron alertadas después de percibir un incremento repentino en el consumo de energía eléctrica, en la zona donde se encuentra dicho almacén. Los investigadores pidieron a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) la información de las órdenes de servicio de instalación de nuevos transformadores, para así poder averiguar el nombre de la persona detrás del alto consumo energético. Según las mismas, el presunto dueño de los mineros responde al nombre de Daniel Andrés Di Bartolomeo Viloria, un abogado del estado de Lara que supuestamente operaba los equipos remotamente, y aparentemente habría escapado días antes de la redada, saliendo del país.
Kleider Ferreiro, director de seguridad y orden público de ese estado, indicó que los cargos por este tipo de “crímenes” son blanqueo de dinero, enriquecimiento ilegal, delitos informáticos, financiación al terrorismo, fraude en el mercado de cambio y daños al sistema eléctrico nacional.
Falta de un marco jurídico que regule las criptomonedas
Aunque el gobierno nacional anunció el lanzamiento de su propia criptomoneda (el Petro), todavía no existe un marco normativo apropiado para la regulación de estos activos virtuales. Según el especialista en Derecho Internacional Económico, Jesus Ollarves, no existe forma de imputar a alguien con tales cargos por el uso de estos equipos (excepto quizás el concerniente al sistema eléctrico), pues no existen leyes que otorguen sanciones penales, civiles o administrativas. Todo lo demás es un intento desesperado por inventar una forma de castigar por esos casos atípicos.
Sin embargo, no es la primera vez que las autoridades locales incautan equipos de este tipo, e incluso llegando a arrestar a los supuestos dueños de dichas máquinas. En enero de este año, más de 300 Antminers fueron confiscados en las afueras de la capital de Venezuela, Caracas, deteniendo a cuatro sospechosos acusados de fraude electrónico y robo de electricidad.
Dos días más tarde, otra granja minera (poseedora de 11.000 mineros), ubicada esta vez en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, fue desmantelada y sus presuntos dueños arrestados, así como también fueron acusados de pertenecer a una red criminal internacional, radicada en Polonia, que se dedica a la legitimación de capitales, financiación al terrorismo y robo de electricidad.
También falta de confianza en ellos…
Mientras que el gobierno del polémico presidente Nicolás Maduro prepara un organismo público al cual todos los dueños de mineros deberán registrarse “para protegerlos del fraude y la extorsión”, personas de ese país (que ya han perdido su confianza en las políticas nacionales) han demostrado una actitud reticente a la idea de facilitarles su información, tal y como lo dijera David Fernando López, quién dijo que: «Si aún estuviera en Venezuela, no firmaría por eso y ya. Nadie me obliga a nada».
