Puntos claves de la noticia:
- Equipos Web3 crean más fundaciones en Caimán buscando protección legal y menor responsabilidad.
- Riesgos tras Samuels v. Lido impulsaron adopción de fundaciones con personalidad jurídica separada.
- Normas CARF afectan proveedores, mientras fundaciones de tesorerías DAO quedan fuera del reporte.
Las inscripciones de fundaciones en Islas Caimán aumentan con rapidez, impulsadas por proyectos Web3 que buscan entornos jurídicos más claros, blindajes de responsabilidad y marcos capaces de sostener operaciones complejas sobre redes descentralizadas.
Los nuevos registros muestran un crecimiento constante, lo que confirma la preferencia de equipos que desean reducir exposición personal y, al mismo tiempo, preservar flexibilidad operativa.
DAOs adoptan modelos caimaneses para reducir riesgo legal
El registro local supera 1,300 fundaciones activas al cierre de 2024, seguido por más de 400 entidades nuevas creadas durante 2025. Proyectos Web3 emplean estas fundaciones para firmar acuerdos, gestionar propiedad intelectual, contratar equipos, comunicarse con reguladores y custodiar tesorerías, sin exponer a participantes individuales a reclamaciones sobre acciones del protocolo.
El punto de quiebre llegó con Samuels v. Lido DAO en 2024. Un tribunal federal en Estados Unidos determinó que una DAO sin estructura legal podía tratarse como sociedad general, lo que coloca a cada miembro bajo riesgo directo. Equipos de gobernanza respondieron con rapidez y optaron por fundaciones con personalidad jurídica separada, un elemento clave que impide que titulares de tokens carguen con responsabilidades del colectivo.
Las fundaciones caimanesas también atraen a proyectos con presupuestos elevados, incluida la gestión de tesorerías por encima de 100 millones de dólares, gracias a su neutralidad fiscal, su flexibilidad operativa y su afinidad con la estructura usada por asignadores institucionales.
Competencia global por atraer estructuras Web3 con reglas más claras
Diversas jurisdicciones buscan captar proyectos Web3, aunque el tratamiento legal varía con fuerza. En Estados Unidos, líderes políticos expresan interés por atraer más actividad cripto, aunque solo unos pocos estados reconocen a las DAOs como personas jurídicas. La falta de uniformidad obliga a organizaciones descentralizadas a operar bajo un mosaico normativo complejo.
Suiza mantiene un rol destacado como centro onshore, con más de 1,700 firmas blockchain registradas en Crypto Valley y una expansión acelerada desde 2020. Fundaciones y asociaciones se integran a la estructura operativa de múltiples redes, aunque cada vez más equipos diversifican jurisdicciones para alinear gobernanza, cumplimiento y estrategia a largo plazo.
Caimán aplica el marco CARF de la OCDE mientras fundaciones ligadas a DAOs quedan mayormente fuera del alcance
Islas Caimán adopta el Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) de la OCDE, con regulaciones de la Tax Information Authority vigentes a partir del 1 de enero de 2026. El marco introduce obligaciones de diligencia debida y reportes anuales para proveedores que intercambian activos, operan plataformas de negociación o prestan servicios de custodia.
Las entidades sujetas al CARF deben recopilar información fiscal, rastrear transacciones definidas y remitir reportes a la autoridad local. Expertos legales indican que los requisitos aplican solo a actividades de intercambio, corretaje o custodia.
Fundaciones que mantienen tesorerías, actúan como administradoras de redes Web3 o gestionan activos no custodiados quedan fuera del alcance del CARF bajo la interpretación actual. Esto permite que múltiples organizaciones vinculadas a DAOs utilicen la estructura caimanesa sin asumir cargas regulatorias excesivas, siempre que no operen funciones propias de un proveedor financiero.
