Puntos clave de la noticia:
- Chen Zhi, presidente de Prince Group, fue arrestado en Camboya y enviado a China.
- Se le vincula con una red de estafas de «matanza de cerdos» y trabajo forzado.
- EE. UU. reclama la incautación del botín en Bitcoin más grande de su historia.
Este miércoles el empresario y fundador del conglomerado Prince Group. Chen Zin, fue detenido y deportado a China en medio de un operativo que sacude los cimientos de la ciberseguridad global. Autoridades de Beijing solicitaron su traslado luego de una investigación conjunta que vincula al empresario con una red criminal y una estafa cripto de 15.000 millones de dólares en Bitcoin.
El magnate, cuya ciudadanía camboyana fue revocada a finales del año pasado, fue señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) como el cabecilla de una vasta operación de fraude.
De acuerdo a las autoridades, la red operaba mediante centros de estafas basados en trabajos forzados en Camboya, especializados en la técnica de pig-butchering (matanza de cerdos), una modalidad de fraude romántico y de inversión que genera miles de millones de ganancias ilícitas.
Conflicto geopolítico por la incautación de Bitcoin
Este caso ha escalado hasta convertirse en una disputa diplomática de alto nivel. En octubre, el DOJ inició una acción de confiscación sin precedentes para recuperar el botín de esta estafa cripto de 15.000 millones, que incluye cientos de millones en activos inmobiliarios.
Sin embargo, China respondió con acusaciones directas hacia Washington, alegando que parte de esos fondos provienen de un robo cibernético anterior contra un pool de minería chino en 2020.
Por su parte, Beijing asegura que el gobierno estadounidense orquestó el robo de más de 120.000 BTC, las autoridades norteamericanas mantienen que los activos bajo su custodia son el resultado directo de las actividades de lavado de dinero y fraude conectadas a Chen Zhi y sus entidades.
En resumen, la captura de este presunto líder representa un golpe significativo a las redes de criminalidad que utilizan activos digitales para el blanqueo de capitales. El destino de la estafa cripto de 15.000 millones sigue siendo incierto mientras China y Estados Unidos se disputan la legitimidad y la propiedad de los fondos incautados, marcando un precedente crítico en la jurisprudencia de los criptoactivos y la cooperación internacional.
