Puntos clave de la noticia:
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Desde 2026, los exchanges cripto deberán recolectar datos fiscales y, desde 2027, compartirlos automáticamente entre países bajo el estándar CARF de la OCDE.
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El marco CARF incluye a exchanges, protocolos descentralizados, brokers y cajeros cripto, que estarán obligados a reportar precios, ganancias y residencia fiscal del usuario.
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La coordinación fiscal global convierte la declaración de operaciones en una condición estructural.
Desde 2026, los exchanges cripto deberán recolectar y conservar datos fiscales detallados de sus usuarios. Desde 2027, esa información se compartirá de forma automática entre países. El cambio surge del Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), un estándar impulsado por la OCDE que redefinirá cómo los Estados rastrean patrimonios cripto en todo el mundo.
El esquema arranca con 48 jurisdicciones que comenzarán a registrar transacciones durante 2026. Un segundo grupo de 27 países, entre ellos Canadá, Australia, México y Suiza, se sumará a partir de enero de 2027. El intercambio automático de información entre autoridades fiscales comenzará ese mismo año y se ampliará en 2028. Más de 75 países ya confirmaron su adhesión.
El alcance del CARF va más allá de los exchanges centralizados. La obligación de reportar aplica también a ciertos protocolos descentralizados, brokers, dealers y cajeros automáticos cripto. Los proveedores deberán registrar precios de compra, precios de venta, ganancias o pérdidas y la residencia fiscal del usuario. El objetivo es eliminar las zonas grises en la tributación de activos digitales y no dar margen para la omisión de impuestos.
Las autoridades fiscales ya se preparan para usar esos datos. En el Reino Unido, HMRC incrementó el envío de cartas de advertencia a inversores cripto y agregó secciones específicas sobre activos digitales en las declaraciones anuales. El control pasará de ser reactivo a sistemático.
El cambio altera un supuesto central del mercado cripto. Durante años, la baja coordinación internacional permitió operar con visibilidad limitada. Ese escenario se termina. A partir de 2027, las autoridades podrán identificar las operaciones, saldos y ganancias en múltiples jurisdicciones sin requerir peticiones individuales de información.
El CARF Asesta un Duro Golpe a la Privacidad Financiera
Aunque el CARF declara un uso estrictamente fiscal, su impacto va mucho más allá de los impuestos. La acumulación de datos financieros y de identidad es un duro golpe a la privacidad financiera. El sistema no prohíbe el uso de criptomonedas ni modifica su naturaleza técnica, pero sí encierra a la actividad cripto dentro de un marco de supervisión comparable al del sistema financiero tradicional.
Para los inversores, declarar operaciones dejará de ser una recomendación para convertirse en una condición estructural del mercado. Los exchanges tendrán que dejar de enfocarse en la expansión comercial para centrarse en la implementación de sistemas de reporte compatibles con estándares globales.
