Puntos clave de la noticia:
- BPI está evaluando una demanda contra la OCC después de que el regulador facilitara el acceso a licencias fiduciarias nacionales para firmas cripto, fintech y pagos.
- Los bancos sostienen que ese cambio otorga respaldo federal a actividades similares a las bancarias sin exigir la misma supervisión, controles y salvaguardas.
- BPI, reguladores estatales y grupos de banca comunitaria advierten que el enfoque de la OCC podría desdibujar los límites bancarios y acabar en tribunales.
En un giro brusco para la política bancaria de Estados Unidos, la pelea por las licencias se encamina hacia los tribunales. El Bank Policy Institute está evaluando una demanda contra la Office of the Comptroller of the Currency después de que el regulador avanzara para facilitar el acceso a licencias fiduciarias nacionales a firmas cripto, de pagos y fintech, según un informe publicado el lunes. El asunto va mucho más allá de una disputa puntual por licencias. Para los grandes bancos, el cambio amenaza con redibujar las líneas competitivas dentro del sistema financiero al darles a nuevos actores una vía federal para operar en los 50 estados sin convertirse en bancos de servicio completo.
Los bancos impugnan una vía más ligera de entrada al sistema
En el centro del conflicto está la disputa sobre lo que debería permitir una licencia fiduciaria. La OCC, en la práctica, ha reinterpretado las reglas federales de licenciamiento de una manera que facilita a firmas cripto y fintech obtener una licencia fiduciaria bancaria nacional. Los bancos sostienen que esta vía más ligera permite a esas empresas ofrecer servicios parecidos a los bancarios bajo el sello de aprobación de la OCC, mientras evitan el mismo nivel de supervisión rigurosa, controles y salvaguardas exigidos a los bancos plenamente constituidos. A su juicio, el problema de fondo no es la innovación en sí, sino una asimetría regulatoria que podría desestabilizar la protección al consumidor y la estabilidad financiera.
La resistencia del lobby bancario no apareció de la nada, y las señales de advertencia ya estaban sobre la mesa. En octubre, BPI instó a la OCC a rechazar solicitudes de firmas cripto y blockchain, argumentando que las compañías no deberían recibir licencias fiduciarias a menos que realmente planeen operar como auténticas sociedades fiduciarias. El grupo sostuvo que las empresas que busquen actividades bancarias tradicionales deberían optar por licencias bancarias completas. BPI también advirtió que permitir a los solicitantes elegir una supervisión más liviana mientras ofrecen productos similares a los bancarios podría desdibujar el límite legal de lo que significa ser un banco y aumentar el riesgo sistémico.
Lo que da más peso a este episodio es la amplitud del rechazo frente al movimiento de la OCC. Reguladores estatales y grupos de banca comunitaria han expresado preocupaciones similares, advirtiendo que el enfoque del regulador podría debilitar la competencia, la protección al consumidor y la estabilidad. Aun así, BPI todavía no ha decidido si presentará una demanda, y el grupo se negó a comentar sobre una posible acción legal. Eso deja al mercado en una especie de compás de espera. La estrategia de licencias de la OCC sigue avanzando, pero los bancos obligados a competir con firmas cripto y fintech ya están dejando claro que esta disputa podría terminar en los tribunales.
