Puntos claves de la noticia:
- Emiratos Árabes deporta a un cofundador de Finiko a Rusia por fraude crypto de $14 millones.
- El esquema Ponzi ofrecía altos rendimientos usando un token llamado FNK.
- Más de 7,700 víctimas perdieron más de 1 billón de rublos.
Las autoridades rusas confirmaron la llegada a Moscú de uno de los fundadores de Finiko, proyecto que operó como red de inversión fraudulenta y que provocó pérdidas millonarias en varios países.
El sospechoso aterriza en territorio ruso después de una deportación ejecutada por Emiratos Árabes Unidos, según informó la portavoz del Ministerio del Interior, Irina Volk. La entrega tuvo lugar en el aeropuerto de Dubái y se realizó mediante coordinación policial internacional.
Un caso que vuelve a avanzar después de años de investigación
El Ministerio del Interior mantiene abierta una causa penal contra antiguos integrantes de Finiko, plataforma que captó fondos con promesas de rendimientos altos ligados a la compra de activos financieros y criptomonedas.
Los investigadores sostienen que el proyecto utilizó pagos digitales, creó un token propio llamado FNK y nunca adquirió bienes a nombre de los aportantes. Los expedientes presentados por las autoridades indican daños para más de 7.700 personas, cifra equivalente a más de 1.000 millones de rublos.
El sospechoso ahora bajo custodia abandonó Rusia tras el colapso del esquema en 2021 y permaneció en busca internacional. Volk confirmó que organismos vinculados a Interpol lograron identificarlo y detenerlo en noviembre de 2022 en Emiratos.
La posterior deportación se concretó después de reuniones entre el Buró Central Nacional y representantes de la fiscalía rusa con funcionarios emiratíes.
La red Finiko operó sin registro formal, con sede en Kazán y presencia en varias regiones. Su estructura reunió a varios dirigentes, incluido Kirill Doronin, detenido en 2021, y otros colaboradores que enfrentan procesos judiciales desde entonces.
Algunas figuras huyeron al extranjero, donde terminaron arrestadas en años recientes, mientras los investigadores recopilan información sobre víctimas en Europa, Estados Unidos y países del espacio postsoviético. El caso sigue abierto, con nuevas diligencias que buscan aclarar el volumen total del perjuicio económico.
