Puntos Clave de la Noticia:
- El Tribunal Supremo de Tailandia confirmó que Bitcoin califica legalmente como propiedad en el marco del derecho penal tailandés.
- La sentencia ratificó una condena de 10 años de prisión por el robo forzado de 2,480801 BTC valorados en 50.000 dólares en septiembre de 2022.
- La corte ordenó la devolución íntegra de los activos digitales o una compensación equivalente a 1,878 millones de baht tailandeses.
Bitcoin fue reconocido como propiedad por el Tribunal Supremo de Tailandia, bajo el marco del derecho penal nacional tras ratificar una pena de 10 años de prisión contra un acusado vinculado al robo forzado de $50.000 dólares en criptomonedas. La decisión se formalizó a finales de octubre de 2026 mediante el dictamen judicial número 4929/2569 emitido por el pleno del tribunal.
El litigio penal se originó a partir de un asalto ocurrido el 15 de septiembre de 2022 en la isla de Koh Samui. Los registros judiciales del caso señalan que, un grupo delictivo no nativo, embaucó a la víctima y a su esposa para llevarlos a una cafetería local. Ya en el lugar agredieron físicamente a sus víctimas para obligarlos a comprar y transferir 2,480801 BTC desde su teléfono móvil hacia una billetera digital controlada por los atacantes.
La defensa técnica del acusado sostuvo a lo largo de las apelaciones que Bitcoin carecía de valor intrínseco y que, al no constituir moneda de curso legal ni tener forma tangible, no podía tipificarse como un bien susceptible de ser sustraído.
Los magistrados del tribunal desestimaron de forma unánime esta argumentación. La corte determinó que los activos digitales poseen un valor económico identificable en el mercado, admiten apropiación individual y pueden convertirse directamente en dinero fiduciario.
Fundamentos jurídicos de la calificación como bien patrimonial
Para fundamentar su fallo, el pleno del Tribunal Supremo examinó los artículos 137 y 138 del Código Civil y Comercial de Tailandia. Dichos preceptos definen la propiedad tanto en objetos tangibles como en bienes intangibles que cuentan con valor mensurable y resultan susceptibles de posesión jurídica.
El análisis de los jueces incorporó el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales promulgado en 2018 por Tailandia. Dicha normativa define a las criptomonedas como datos electrónicos generados en redes digitales destinados a emplearse como medio de intercambio comercial.
Aunque el fallo reconoció la posición formal del Banco de Tailandia, entidad que estipula que las criptomonedas no representan moneda de curso legal y registran fluctuaciones de precios derivadas de la oferta y la demanda, el tribunal resolvió que tal condición no priva al activo de su carácter de bien económico.
El expediente constató que el afectado desembolsó $50.000 dólares en efectivo, suma equivalente a $1,878 millones de baht tailandeses al momento de los hechos, con el objetivo exclusivo de transferir los fondos a los agresores. Por tanto, el tribunal concluyó que el perjuicio patrimonial cumplía con todos los requisitos objetivos exigidos por el tipo penal de robo.
El tribunal de primera instancia había fijado inicialmente una condena de 15 años de presidio debido a la utilización coordinada de vehículos motorizados para consumar el delito y facilitar la posterior fuga en transbordador. No obstante, la judicatura aplicó una reducción de un tercio a la pena privativa de libertad, fijándola en 10 años definitivos tras valorar elementos probatorios aportados por el acusado.
La resolución definitiva impuso la restitución material de los 2,480801 BTC sustraídos o, en su defecto, el pago compensatorio de 1,878 millones de baht tailandeses en beneficio de la víctima, confirmando el criterio emitido previamente por la corte de apelaciones regional.
Precedentes de asaltos físicos vinculados a criptomonedas en Tailandia
El dictamen judicial se produce en un contexto de investigaciones policiales abiertas por asaltos violentos dirigidos a tenedores de billeteras de criptomonedas dentro de territorio tailandés.
Registros policiales de octubre de 2026 documentaron el asalto a mano armada contra un ciudadano extranjero en la localidad de Pattaya, a quien despojaron de $820.000 dólares en activos digitales tras una invasión a su residencia privada. Asimismo, las autoridades de inmigración tailandesas informaron el 16 de octubre sobre la detención de un individuo implicado en una presunta estructura de lavado de activos digitales con operaciones transfronterizas que superaron los 500 millones de yuanes a través de 133 cuentas bancarias.
El calendario judicial tailandés contempla la notificación formal de esta jurisprudencia a los tribunales provinciales para fijar el estándar procesal en los juicios por confiscación patrimonial y delitos informáticos pendientes de resolución durante el presente periodo judicial.
