Puntos Clave de la Noticia:
- El senador Steve Daines presentó la ley ADAPT, un texto legislativo de 56 páginas orientado al régimen fiscal de los activos digitales en Estados Unidos.
- La iniciativa exime del reconocimiento de ganancias o pérdidas de capital a los pagos de bienes y servicios efectuados con stablecoins reguladas respaldadas en dólares.
- El proyecto incorpora normas de ventas simuladas (wash sales) y exime del cómputo tributario las tarifas de red o gas de hasta 10 dólares.
Steve Daines, senador republicano presentó un proyecto de ley tributaria cripto este miércoles 30 de septiembre. La norma presentada exime los pagos con stablecoins del reconocimiento de ganancias de capital en compras cotidianas de bienes y servicios en Estados Unidos.
Digital assets have moved into the mainstream, but the tax code hasn’t kept up. My bill would create clearer rules for stablecoins, network fees, staking and lending—while extending familiar tax rules like wash sales and constructive sales to digital assets. pic.twitter.com/W6nXSsTgvX
— Steve Daines (@SteveDaines) September 30, 2026
La propuesta legislativa, de 56 páginas fue bautizada como Aligning Digital Assets with Principles of Taxation Act o Ley ADAPT. Según el reporte de mercado, el documento busca actualizar el código del Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante la integración de normas financieras tradicionales y reglas específicas diseñadas para la tecnología blockchain.
El núcleo del texto exime a los contribuyentes de calcular ganancias o pérdidas imponibles al pagar con stablecoins reguladas vinculadas al dólar. De acuerdo con el articulado legislativo, los consumidores que califiquen obtendrán además una dispensa en las obligaciones de reporte informativo para intermediarios. Sin embargo, los operadores profesionales y corredores registrados quedan explícitamente excluidos de este beneficio.
Asimismo, la pieza legal extiende las restricciones de ventas simuladas (wash sales) y de ventas constructivas a los activos digitales. Conforme al análisis del medio especializado, esta medida limitará la práctica de cosechar pérdidas fiscales artificiales mediante recompras inmediatas, alineando el mercado cripto con las regulaciones aplicables a las acciones bursátiles.
Nuevas reglas para minería, tarifas y préstamos descentralizados
El borrador aborda también el tratamiento impositivo de actividades técnicas como el staking, la minería y el pago de comisiones dentro de la cadena.
La iniciativa establece que las transacciones donde se utilicen activos digitales para pagar comisiones de red o tarifas de gas de $10 dólares o menos estarán exentas de liquidar ganancias o pérdidas de capital. Según los datos del texto legislativo, este beneficio tributario excluye a los usuarios de alto volumen, operadores mayoristas e intermediarios financieros.
Para el staking y la minería, la propuesta fija pautas de asignación de ingresos basadas en la residencia fiscal del receptor y la ubicación de los equipos informáticos. La documentación oficial indica que el proyecto extiende a su vez el marco de no reconocimiento fiscal de préstamos de valores a los contratos de préstamo con activos digitales calificados.
El texto contempla un régimen contable de valor de mercado (mark-to-market) de adhesión voluntaria para corredores comerciales. Al mismo tiempo, el documento define categorías técnicas específicas, entre las que se encuentran los tokens de recibo, los activos puente y las criptomonedas de amplia negociación, aplicando para estas últimas un umbral de $500 millones de dólares de capitalización de mercado combinado con criterios de liquidez.
La propuesta del Senado avanza paralelamente a la legislación aprobada por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, que el 16 de septiembre respaldó con 38 votos a favor y 5 en contra, la Ley de Certeza Fiscal de Activos Digitales (H.R. 10357).
La mayor parte de las disposiciones contempladas en la ley ADAPT entrarían en vigor a partir del próximo 31 de diciembre. Para su implementación formal, el proyecto de ley deberá someterse a votación en el pleno del Senado estadounidense y en la Cámara de Representantes antes de ser remitido a la firma del Poder Ejecutivo.
