El 5 de junio de 2021, el presidente Nayib Bukele anunció en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. La medida, presentada como un mecanismo para ampliar la inclusión financiera, reducir los costos de las remesas y atraer inversión extranjera directa, situó al país centroamericano en el centro del debate global sobre criptoactivos. Cinco años después, el balance de esa experimentación ofrece lecciones técnicas relevantes para el sector.
El argumento central de la adopción forzada apuntaba a los sectores no bancarizados. En 2021, solo el 35.9% de la población mayor de 15 años en El Salvador poseía una cuenta en una institución financiera, una de las tasas más bajas de América Latina. La hipótesis de trabajo sostenía que Bitcoin podría suplir la infraestructura bancaria ausente.
La evidencia empírica no respalda esa hipótesis. Una investigación de 2025 realizada por Tobias Boos, Juan Grigera y Lina Schmid documentó que los adoptantes de Bitcoin en El Salvador eran desproporcionadamente jóvenes, varones, urbanos, con mayor nivel educativo y, fundamentalmente, ya bancarizados. Boos, investigador senior de la Universidad de Viena, sintetizó el hallazgo: “La adopción masiva por parte de los ciudadanos no ocurrió”.
La encuesta de la Universidad Francisco Gavidia publicada en julio de 2026 cuantifica el fenómeno: solo el 7.5% de los encuestados reportó usar criptomonedas para transacciones, mientras que el 92% admitió no utilizarlas. Únicamente el 1.3% considera que Bitcoin debería ser la principal apuesta de futuro del país. El propio Bukele reconoció en una entrevista con Time en agosto de 2026 que “Bitcoin no recibió la adopción generalizada que esperábamos”.
Remesas: la disrupción que no ocurrió
Las remesas familiares representan aproximadamente el 24% del PIB salvadoreño, con Estados Unidos como origen del 98% de esos flujos. La promesa gubernamental estimaba un ahorro anual de 400 millones de dólares en comisiones si los flujos migraban a canales cripto.
Los datos del Banco Central de El Salvador para el primer semestre de 2026 muestran que las remesas canalizadas mediante criptomonedas totalizaron 35.4 millones de dólares, equivalentes al 0.7% del total de 5.060 millones de dólares recibidos en el período. Este porcentaje representa un incremento interanual del 39.1% respecto a los 25.4 millones del primer semestre de 2025. Las entidades bancarias y las empresas de remesas tradicionales continúan intermediando más del 84% del volumen total.
La participación de las criptomonedas en el mercado de remesas no ha superado el 1% de manera sostenida desde octubre de 2024. En 2022, el monto anual había alcanzado los 84.8 millones de dólares, para descender a 57.4 millones en 2024. La tendencia no muestra una curva de adopción ascendente.
El tercer pilar de la promesa original —la atracción de inversiones— tampoco encuentra correlato en los datos. Boos señala directamente que “la inversión extranjera directa en este sector no aumentó”. La evidencia disponible no permite establecer una relación causal entre la Ley Bitcoin y un incremento en los flujos de IED hacia el país.
El giro de 2025: el acuerdo con el FMI y la reversión de políticas
El 25 de febrero de 2025, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó un Acuerdo de Facilidad Ampliada (EFF) por 40 meses y 1.400 millones de dólares para El Salvador. Este acuerdo impuso condiciones técnicas que modificaron sustancialmente el marco regulatorio del Bitcoin en el país.
Las condiciones incluyeron:
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Aceptación voluntaria de Bitcoin por parte del sector privado —la reforma legal de enero de 2025 eliminó el carácter obligatorio de la moneda.
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Pago de impuestos exclusivamente en dólares estadounidenses.
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Cero acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público, establecido como un criterio cuantitativo de desempeño continuo con un techo de cero adquisiciones.
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Prohibición de emisión o garantía de deuda pública denominada o indexada a Bitcoin.
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Liquidación del fideicomiso Fidebitcoin y reducción de la participación gubernamental en la billetera Chivo.
En diciembre de 2025, el FMI confirmó que las negociaciones para la venta o descontinuación de la billetera estatal Chivo estaban avanzadas. La billetera, promovida originalmente como el instrumento oficial para remesas y pagos, cesará sus operaciones como parte del acuerdo.
El gobierno salvadoreño ha mantenido una narrativa pública de compra diaria de 1 BTC. Los rastreadores oficiales ubicaban las tenencias en 7.696 BTC a finales de junio de 2026, con un valor aproximado de 460 millones de dólares. A inicios de agosto de 2026, la cifra se aproximaba a los 7.734 BTC.
El FMI sostiene una interpretación alternativa: los incrementos en el saldo visible reflejan movimientos de consolidación entre distintas billeteras gubernamentales, incluyendo transferencias desde la dirección BANDESAL, y no nuevas adquisiciones netas en el mercado. La portavoz del FMI, Julie Kozack, declaró en julio de 2025 que los aumentos aparentes en el Fondo Estratégico de Reserva Bitcoin corresponden a “movimientos entre diversas billeteras propiedad del gobierno” y no a compras netas.
El precio de Bitcoin experimentó una caída aproximada del 19% en los 30 días previos al 29 de junio de 2026, cotizando en el rango de 59.000 a 60.000 dólares. Esta volatilidad expone las tenencias gubernamentales a pérdidas no realizadas que, en ausencia de un marco contable claro, plantean interrogantes sobre el tratamiento de estos activos en las cuentas fiscales.
El economista Tobias Boos formula una evaluación concluyente: “Hay pocas dudas de que el proyecto fue un fracaso si tomamos en serio las razones que Bukele dio para su adopción”.
El impacto más duradero de la experimentación salvadoreña puede ser de naturaleza simbólica y precedente: demostró que la adopción de Bitcoin por parte de un Estado-nación es técnicamente viable en términos de infraestructura de pagos y registro contable. Ningún otro país ha replicado el modelo de curso legal forzoso.
El sector cripto enfrenta ahora un caso de estudio con implicaciones prácticas:
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La resistencia de los agentes económicos a adoptar una moneda volátil para transacciones cotidianas, incluso con incentivos gubernamentales.
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La falta de efecto sustitución sobre las infraestructuras financieras tradicionales en contextos de baja bancarización.
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La incompatibilidad entre políticas soberanas de acumulación de criptoactivos y los marcos de condicionalidad de los organismos multilaterales de crédito.
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La dificultad de sostener narrativas de adopción masiva frente a datos empíricos que muestran una penetración marginal.
La reversión de las condiciones centrales de la Ley Bitcoin —voluntariedad de la aceptación, fin de la acumulación pública, desmantelamiento de Chivo— constituye un reconocimiento de facto de que los supuestos iniciales no se verificaron. Para la industria cripto, El Salvador ofrece una lección sobre los límites de la imposición gubernamental de tecnologías financieras y la distancia entre la disponibilidad técnica de una red de pagos y su adopción efectiva por parte de la población.
La experimentación salvadoreña no transformó la estructura financiera del país ni generó los beneficios económicos prometidos. Su principal contribución al ecosistema cripto ha sido demostrar, con datos empíricos, que la adopción soberana de Bitcoin como moneda de curso legal no produce, por sí sola, los efectos de inclusión financiera y eficiencia en remesas que sus proponentes postulaban.
