La discusión sobre la recuperación económica de Venezuela ha incorporado recientemente una tesis que merece un examen detallado: el uso de la tokenización de activos del mundo real (RWA) como palanca de reactivación. Propuesta impulsada por actores como Bitfinex Securities, esta perspectiva plantea que la infraestructura blockchain podría sortear las disfuncionalidades históricas del sistema financiero venezolano y canalizar inversión hacia sectores estratégicos.
Desde una mirada técnica, considero que la hipótesis es plausible en ciertos componentes, pero enfrenta obstáculos estructurales que suelen minimizarse en los debates iniciales.
La tokenización como solución técnica a problemas de liquidez y fraccionamiento
El argumento central es conocido en el ecosistema: mediante la emisión de tokens respaldados por derechos sobre flujos de ingresos futuros –por ejemplo, de proyectos petroleros, gasíferos o mineros– se puede reducir el umbral de inversión y ampliar la base de participantes.
En un contexto donde la diáspora venezolana posee capacidad de ahorro en criptoactivos (principalmente stablecoins) y donde el sistema bancario local opera con altos costos de intermediación y baja penetración de crédito, la tokenización ofrece dos ventajas técnicas claras: liquidación casi instantánea y divisibilidad casi ilimitada.
Esto no es especulación; es una propiedad demostrada en otros mercados emergentes con emisiones de bonos tokenizados o de deuda soberana en blockchain.
El informe referido propone tres vías concretas: tokenización de activos energéticos y mineros, fraccionamiento de proyectos de gran escala, y trazabilidad minera mediante registros distribuidos. El último punto –trazabilidad– es técnicamente el más maduro.
Sistemas como la cadena de custodia de oro o coltán en blockchain ya operan en jurisdicciones como Australia o Canadá, reduciendo riesgos de origen ilícito.
Aplicarlo a Venezuela, donde la minería informal y el contrabando han sido endémicos, podría generar un diferencial de confianza para compradores internacionales. No obstante, la implementación requiere auditoría cruzada entre nodos estatales y privados, algo que en la práctica implica acuerdos institucionales difíciles de alcanzar en el corto plazo.
El factor contextual: adopción forzada no es igual a madurez de mercado
Un argumento recurrente es que la hiperinflación y el control cambiario generaron una «alfabetización cripto» masiva en Venezuela. Eso es fáctico: el volumen de transacciones en stablecoins vía exchanges de contrapartida local es significativo, y el uso de monederos no custodios para remesas es común.
Sin embargo, convierto esa observación en un punto de opinión: la adopción por necesidad no se traduce automáticamente en sofisticación para participar en ofertas de tokenización de RWA. La mayoría de los usuarios opera en el ámbito de pagos y resguardo de valor, no en el de análisis de prospectos de inversión, evaluación de riesgos de contraparte o gestión de tokens de ingresos futuros.
Por tanto, el mercado objetivo de una emisión tokenizada en Venezuela no sería el usuario minorista local, sino fondos internacionales y la diáspora con mayor capacidad financiera. Eso limita el efecto de «inclusión financiera» que suele promocionarse.
El desafío regulatorio no es accesorio, es fundacional
En mi análisis, el punto más frágil del planteamiento es el supuesto implícito de que la tokenización puede operar al margen del marco jurídico tradicional o que el sistema existente se adaptará con rapidez. La realidad es que en Venezuela existe una Ley de Criptoactivos (2022) y una Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) que ha pasado por reestructuraciones y que aún no ha emitido normativa secundaria específica para ofertas públicas de tokens respaldados por activos reales.
Además, la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) ha mostrado interés en la tokenización, y su presidente ha manifestado que rechazar esta tecnología sería condenarse al fracaso. Pero el interés institucional no equivale a un marco de cumplimiento: las emisiones de RWA tokenizado deben resolver la doble naturaleza del instrumento (valor mobiliario y criptoactivo), lo que exige una ley de mercado de capitales adaptada o una habilitación regulatoria expresa. Hasta la fecha, eso no existe.
Un caso comparativo: El Salvador aprobó una Ley de Activos Digitales en 2023 que regula las ofertas públicas de tokens, incluyendo RWA. Venezuela no tiene equivalente. Sin esa capa, cualquier emisión tokenizada desde territorio venezolano operaría en una zona gris, lo que disuade a inversores institucionales –precisamente los que podrían aportar volumen significativo.
El rol de la diáspora y las remesas como liquidez primaria
A mi juicio, la vía más realista para iniciar el proceso no es la gran minería o el petróleo tokenizado, sino la agregación de flujos de remesas. Cifras de organismos multilaterales estiman que las remesas hacia Venezuela superan los 4.000 millones de dólares anuales, una parte creciente mediante criptoactivos.
Una estructura de tokenización que permita a esos remitentes adquirir fracciones de proyectos productivos verificables (agroindustria, inmobiliario de pequeña escala, energía renovable local) tendría menos fricción regulatoria y mayor alineación con el capital disponible.
No obstante, el informe de Bitfinex Securities enfatiza sectores extractivos de gran escala, probablemente por el tamaño potencial de emisión y el interés de sus clientes institucionales. Desde mi perspectiva, ese enfoque es correcto para el mercado primario global, pero insuficiente para construir un ecosistema doméstico sostenible.
Viabilidad condicionada
Considero que la tokenización de activos reales en Venezuela es técnicamente viable y económicamente racional, pero bajo condiciones que actualmente no se cumplen en su totalidad: (i) un marco regulatorio para ofertas públicas de tokens con protección al inversor, (ii) sistemas de identidad digital verificable y custodia regulada, (iii) mecanismos de auditoría externa para los activos subyacentes y (iv) acuerdos de liquidez secundaria (exchange regulado para esos tokens). Sin esos elementos, los pilotos aislados podrían fracasar no por la tecnología, sino por la ausencia de ingeniería institucional complementaria.
El sector cripto tiende a sobreestimar el poder de la descentralización para resolver fallas de gobernanza; la evidencia muestra que, en activos del mundo real, la confianza híbrida (blockchain + marco legal) es insustituible.
La oportunidad existe, pero quienes la impulsen deberían dedicar tanto esfuerzo a diseñar contratos inteligentes como a negociar reglas claras con los entes de control. Sin eso, la tokenización será un experimento técnico interesante, no una herramienta de recuperación económica.
