Puntos clave de la noticia:
- El informe del Tesoro del 5 de marzo señaló que los mezcladores cripto pueden tener usos legítimos, como privacidad personal, secreto comercial y donaciones anónimas.
- El documento distinguió entre mezcladores custodiales y no custodiales o descentralizados, sin proponer nuevas restricciones para estos últimos.
- Aun con un tono más matizado, el Tesoro estimó que actores norcoreanos robaron $2.8 mil millones en 2024 y 2025 y propuso una “hold law”.
Durante años, Washington trató a los mezcladores cripto poco menos que como herramientas de lavado, y por eso el nuevo matiz del Tesoro resulta tan relevante. Un informe de 32 páginas entregado al Congreso el 5 de marzo complicó esa postura sostenida al describir de forma explícita razones legítimas por las que usuarios comunes podrían recurrir a estos servicios. El documento mencionó la privacidad personal en blockchains transparentes, el resguardo de historiales de pagos corporativos frente a competidores, las donaciones benéficas anónimas y la protección de hábitos cotidianos de gasto a medida que las criptomonedas ganan presencia en el comercio diario. Después de años marcados por sanciones, procesamientos y una línea dura, ese reconocimiento suena a cambio de tono.
El Tesoro traza límites sin dar marcha atrás por completo
En el centro de ese giro aparece una línea más clara entre distintos tipos de mezcladores. El informe distingue entre mezcladores custodiales, que agrupan fondos bajo control centralizado y deben registrarse como Money Services Businesses ante FinCEN, y mezcladores no custodiales y descentralizados, donde ninguna parte controla directamente los fondos de los usuarios. Esa diferencia ha estado presente en disputas legales desde hace años, sobre todo en torno a si contratos inteligentes inmutables pueden ser sancionados. El informe no resuelve esas discusiones, pero sí deja ver dónde ubica el departamento la frontera regulatoria. Igual de llamativo es que no propuso restricciones para los mezcladores no custodiales.
Aun así, el tono más suave está lejos de significar aceptación plena. El mismo informe que reconoció usos legítimos de privacidad estimó que actores estatales norcoreanos robaron $2.8 mil millones mediante delitos cripto entre 2024 y 2025, con los mezcladores como pieza central en la cadena de lavado. La respuesta propuesta por el Tesoro es una “hold law”, que permitiría a instituciones financieras congelar temporalmente activos digitales sospechosos sin asumir responsabilidad legal mientras siguen las investigaciones. Eso importa en términos operativos porque apunta al vacío que existe entre detectar movimientos sospechosos y contar con autoridad formal para actuar. En otras palabras, el reconocimiento de la privacidad llegó junto con nuevas herramientas de control.
Lo que vuelve singular este momento es no un retroceso regulatorio, sino una mayor complejidad regulatoria. El informe se apartó de una narrativa absolutista sin abandonar la preocupación por las finanzas ilícitas, y además evitó cerrar las propuestas de registro de 2023 que, según defensores de la privacidad, volverían legalmente inviables a los protocolos descentralizados. Esa omisión importa tanto como el lenguaje que el Tesoro decidió incluir. Tribunales, fiscales, activistas de privacidad y desarrolladores llevan años disputando los límites en torno a los mezcladores, y el documento no pone fin a ese debate. Pero sí debilita la idea de que todo uso de un mezclador sea inherentemente criminal.
