Puntos clave de la noticia:
- El GAFI dice que transferencias P2P de stablecoins vía wallets de autocustodia pueden eludir intermediarios regulados y crear vacíos AML, facilitando evasión de sanciones.
- Pide a los países evaluar esquemas de stablecoins y aplicar salvaguardas proporcionales, incluyendo mayor monitoreo cuando autocustodia interactúa con plataformas reguladas.
- Datos citados de Chainalysis: direcciones ilícitas recibieron al menos $154B en 2025; stablecoins fueron 84% del volumen ilícito, aunque lo ilícito fue <1% del volumen total on-chain.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) advierte que las stablecoins están cruzándose cada vez más con riesgos de sanciones, y señala a las transferencias peer-to-peer desde wallets de autocustodia como un eslabón débil. En un nuevo informe sobre stablecoins, wallets no custodiadas y transacciones P2P, el organismo afirmó que los usuarios pueden mover fondos directamente sin un intermediario regulado, creando vacíos en la supervisión de prevención de lavado de dinero. El mensaje central es que los flujos P2P de stablecoins pueden saltarse guardrails de cumplimiento a medida que crecen su uso en trading, pagos y transferencias transfronterizas. El GAFI pidió a los países evaluar exposición y aplicar medidas de mitigación proporcionales.
Dónde se abre el punto ciego de cumplimiento
El GAFI enmarcó el problema como un punto ciego: cuando las transferencias ocurren de wallet a wallet, no hay exchange, custodio ni proveedor de servicios de activos virtuales obligado a monitorear actividad o reportar operaciones sospechosas. Eso significa que los rieles de autocustodia pueden debilitar la visibilidad AML, aunque las blockchains públicas sean rastreables. El informe remarcó que rastreabilidad no es lo mismo que atribución, porque las direcciones son seudónimas y pueden ocultar quién las controla. Como mitigación, el GAFI apuntó a mayor monitoreo cuando wallets de autocustodia interactúan con plataformas reguladas y a obligaciones más claras de AML y financiamiento del terrorismo para emisores y distribuidores de stablecoins.
El dato que el GAFI destacó es contundente. Chainalysis reportó que direcciones ilícitas recibieron al menos $154 mil millones en 2025 y que las stablecoins representaron 84% del volumen de transacciones ilícitas, cifra que el GAFI reiteró. A la vez, Chainalysis señaló que la actividad ilícita se mantiene por debajo de 1% del volumen total on-chain. En otras palabras, las stablecoins pueden dominar los flujos ilícitos y aun así ser una fracción pequeña del total. Para equipos de política pública, esa tensión complica la calibración: controles lo bastante firmes para disuadir evasión de sanciones, pero lo bastante proporcionales para no tratar cada transferencia wallet a wallet como sospechosa por defecto.
La solicitud inmediata del GAFI es operativa. A medida que las stablecoins se expanden en pagos y transferencias transfronterizas, las jurisdicciones deberían mapear dónde las wallets de autocustodia tocan onramps regulados y aplicar salvaguardas acordes al perfil de riesgo. El lenguaje del informe deja claro que la evasión de sanciones es un caso de uso que los reguladores no pueden ignorar cuando el valor puede moverse sin intermediario. Para emisores y distribuidores, esto puede traducirse en deberes AML más definidos; para exchanges, en monitoreo más estricto en los puntos de contacto con autocustodia. El resultado buscado es un perímetro de cumplimiento más estandarizado alrededor del ecosistema de stablecoins, sin eliminar la autonomía de la wallet. Se esperan nuevas guías.
