Puntos clave de la noticia:
- La representante Erin Koegel presentó un proyecto para prohibir kioscos cripto en Minnesota ante un aumento reportado de estafas y fraudes a adultos mayores.
- La propuesta privilegia prevención: una prohibición facilita fiscalización y mensajes, pero empuja a usuarios legítimos de efectivo a cripto hacia otros canales.
- La atención pasa al avance en comités, posibles guardrails negociados y reglas de implementación para comercios y operadores, incluyendo definiciones, verificación y plazos de retiro.
Legisladores de Minnesota se están moviendo para endurecer el control sobre los kioscos de criptomonedas tras un aumento reportado de estafas dirigidas a adultos mayores. Un proyecto de ley presentado por la representante demócrata Erin Koegel prohibiría los kioscos cripto en todo el estado, describiendo estas máquinas como un canal que facilita el fraude más que como una simple vía de acceso. La propuesta llega en medio de una mayor vigilancia sobre la rapidez con la que el efectivo puede convertirse en cripto en puntos minoristas, a menudo bajo tácticas de presión que empujan a las víctimas a actuar rápido. Una prohibición estatal de kioscos para frenar fraudes a mayores es ahora la palanca principal sobre la mesa. El impulso crece.
Mecánica de la política e implicaciones para el mercado
Si se aprueba, el proyecto adoptaría un enfoque frontal: eliminar por completo el acceso a kioscos en lugar de sumar advertencias o límites adicionales. Para equipos de protección al consumidor, una prohibición simplifica la fiscalización y el mensaje porque la instrucción se vuelve binaria: no hay kioscos, no hay conversiones de efectivo a cripto en el punto de venta. Esa claridad también tiene un costo. Usuarios legítimos que prefieren acceso físico quedarían empujados a otros canales, y operadores y comercios anfitriones enfrentarían trabajo de desinstalación y cierre de contratos. Los legisladores apuestan a que reducir puntos de contacto reducirá el flujo de estafas. Es prevención antes que remediación.
La lógica política se apoya en casos reportados: los informes de fraude a adultos mayores vinculados a kioscos habrían aumentado, y los legisladores están señalando que la velocidad y la irreversibilidad de las transferencias cripto crean una vía atractiva para estafadores. En ese entorno, el proyecto reencuadra a los kioscos de “acceso fintech” como infraestructura de riesgo público. Para líderes de cumplimiento, ese giro importa porque puede ampliar el escrutinio sobre flujos de onboarding, verificaciones de identidad y avisos al usuario en todo el sector, no solo en kioscos. Para fiscalías e investigadores, un veto podría reducir nuevos casos, pero no revierte pérdidas ya enviadas. La prevención se vuelve el KPI.
A partir de aquí, el mercado seguirá el ritmo del proyecto en comités y si la prohibición se mantiene como destino final o como posición inicial para negociar guardrails. La industria probablemente defenderá estándares más estrictos en lugar de una prohibición total, mientras defensores del consumidor destacarán la urgencia marcada por las quejas de fraude. El riesgo de implementación dependerá de claridad operativa para comercios y operadores: qué se considera “kiosco”, cómo se verifica el cumplimiento y qué plazos aplican para órdenes de retiro. Hasta que eso se defina, la iniciativa funciona como una señal de alerta regulatoria para el sector.
