Puntos claves de la noticia:
- Coinbase se opone a la Ley CLARITY por restringir el rendimiento en stablecoins.
- Los mercados de predicción dan solo un 52% de probabilidad de que la ley se apruebe en 2026.
- El debate ha generado tensión política con la Casa Blanca y el círculo de Trump.
La regulación cripto en Estados Unidos vuelve a tensarse tras el debate en torno a la Digital Asset Market Clarity Act, una propuesta que busca ordenar el uso y la supervisión de los activos digitales. Lo que comenzó como un avance regulatorio ahora expone una disputa de fondo sobre rendimiento, privacidad y control financiero, con Coinbase en el centro del conflicto.
Durante varios días circulan versiones que señalan un distanciamiento entre Coinbase y la Casa Blanca, luego de que la empresa retirara su apoyo al proyecto. Frente a ese escenario, el director ejecutivo Brian Armstrong intenta bajar el tono. El directivo afirma que la administración mantiene una actitud “super constructiva” y descarta un enfrentamiento directo. Sin embargo, el problema central persiste y frena el avance del texto legislativo.
Otras compañías del sector, como Ripple y Kraken, sostienen su respaldo a la iniciativa. Coinbase adopta una postura distinta. La firma considera que aprobar una ley con fallas estructurales genera más daño que retrasar el proceso. Esa decisión introduce un bloqueo político que gira en torno a un punto específico: el rendimiento de las stablecoins respaldadas por dólares.
La versión actual del proyecto prohíbe que las plataformas cripto compartan intereses o recompensas con usuarios que mantengan stablecoins. Grupos bancarios, en especial asociaciones de bancos locales, respaldan la medida.
Argumentan que los rendimientos cercanos al 5% en productos cripto incentivan a retirar depósitos de cuentas tradicionales. Según esa visión, la salida de fondos limita la capacidad de otorgar créditos hipotecarios y préstamos a pequeñas empresas.
Desde la óptica de la empresa, la restricción protege márgenes bancarios más que la estabilidad financiera. El intercambio sostiene que la norma reduce la competencia y favorece a instituciones tradicionales frente a alternativas digitales. Al retirar su apoyo, Armstrong apuesta por ganar tiempo antes que validar un marco que cierre el paso a modelos abiertos.
Rendimiento, presión política y señales del mercado
El origen del choque también tiene un componente político. La periodista Eleanor Terrett informa que una fuente cercana al entorno de Donald Trump califica la decisión de Coinbase como un “retiro unilateral”. El reporte indica que la Casa Blanca no recibe aviso previo, lo que genera malestar interno. Tras ese episodio, la administración envía un mensaje directo: Coinbase debe regresar a la mesa y acordar un esquema de recompensas que no afecte a los bancos, o el respaldo oficial al proyecto puede desaparecer.
La situación coloca a la empresa en una posición delicada. Coinbase invierte años en pedir reglas claras para operar en Estados Unidos. Ahora arriesga perder una ley que promete orden regulatorio, aunque con límites que la firma considera inaceptables.
En redes sociales, usuarios reaccionan de forma inmediata. Algunos expresan preocupación por una posible eliminación del rendimiento en stablecoins. Otros agradecen que la compañía defienda a los usuarios frente a prácticas históricas del sistema bancario. Las opiniones reflejan una base dividida, aunque atenta al desenlace político.
En Polymarket, operadores asignan al proyecto una probabilidad cercana al 52% de aprobación durante 2026. Al mismo tiempo, el sector avanza sin esperar decisiones en Washington. El mercado de acciones tokenizadas pasa de experimento marginal a un volumen cercano a 1,000 millones de dólares en menos de un año.
Armstrong sostiene que, con reglas claras y sin restricciones al rendimiento, el sector puede crecer con fuerza. Por ahora, la CLARITY Act permanece en pausa, atrapada entre intereses bancarios, presión política y un mercado que sigue su propio ritmo.
