TL;DR
- Senadora de Arizona presenta proyectos para exentar cripto de impuestos estatales y proteger nodos de tarifas locales.
- Las medidas podrían avanzar en 2026; una requeriría un voto público de enmienda constitucional.
- Este impulso por un marco legal favorable sigue una tendencia de acción regulatoria estatal en EE. UU.
El estado de Arizona vuelve a ocupar un lugar central en el debate sobre los activos digitales en Estados Unidos. La senadora estatal Wendy Rogers presentó dos proyectos de ley y una resolución constitucional con el objetivo de redefinir cómo el estado grava las criptomonedas y las operaciones basadas en blockchain.
Las propuestas buscan eliminar los impuestos sobre las monedas virtuales y sobre los nodos que operan la red, permitiendo que los votantes decidan en las elecciones generales de 2026 si respaldan los cambios.
Rogers registró los textos ante el Senado de Arizona, entre ellos el Proyecto de Ley 1044 (SB 1044), que plantea eximir a las monedas virtuales de la tributación estatal, y el Proyecto de Ley 1045 (SB 1045), que prohíbe a ciudades, condados y municipios imponer impuestos o tasas a quienes administren nodos de blockchain.
A ellos se suma la Resolución Concurrente 1003 (SCR 1003), que propone modificar la constitución estatal para excluir de manera explícita los activos digitales de la definición de impuesto sobre la propiedad.
Según el procedimiento legislativo, el SB 1045 podría avanzar dentro del parlamento estatal, mientras que el SB 1044 y la SCR 1003 requerirían la aprobación de los votantes en los comicios generales.
En conjunto, las tres medidas pretenden proteger las actividades relacionadas con blockchain y las tenencias de criptomonedas frente a la carga impositiva estatal, lo que podría convertir a Arizona en un referente para otros estados que analizan reformas similares.
Un impulso hacia la claridad en la regulación digital
Arizona forma parte del grupo reducido de estados que buscan avanzar con una legislación favorable al sector cripto. La jurisdicción ya reconoce legalmente los activos digitales e incluso contempla una disposición que permite al gobierno reclamar la propiedad de activos digitales abandonados durante tres años.
Esta medida, impulsada en su momento por defensores de las criptomonedas, fue concebida para crear una reserva estatal de activos digitales.
La senadora Wendy Rogers se ha mantenido como una de las principales promotoras de esta línea. A comienzos de año, copatrocinó un proyecto de ley para crear una reserva estatal de Bitcoin, con el propósito de que el tesoro de Arizona incorporara BTC a su cartera de activos.
Sin embargo, la gobernadora Katie Hobbs vetó la propuesta en mayo, argumentando falta de garantías fiscales. Rogers criticó la decisión y anunció que volverá a presentar el texto en la próxima sesión legislativa, ratificando su posición a favor del uso estatal de las criptomonedas.
El impulso legislativo de Arizona se desarrolla en paralelo con medidas adoptadas en otros estados. En Ohio, la Cámara de Representantes aprobó una ley que busca eximir de impuestos las operaciones con criptomonedas inferiores a 200 dólares por ganancias de capital, aunque la iniciativa no ha progresado desde junio. En Nueva York, un legislador propuso aplicar un impuesto del 0,2% sobre las transacciones de activos digitales, sin avances desde agosto.
En el ámbito federal, la senadora Cynthia Lummis, de Wyoming, presentó un proyecto para establecer una exención de minimis sobre transacciones y ganancias de capital menores a 300 dólares, con el fin de simplificar la tributación de pequeños usuarios. Lummis, reconocida por su apoyo a la regulación del sector, anunció su retiro del Senado estadounidense en enero de 2027.
El debate en Arizona refleja un cambio progresivo en la política fiscal y regulatoria de los activos digitales. Aunque las directrices federales siguen siendo limitadas, las iniciativas estatales están definiendo las reglas prácticas para la adopción del criptoactivo.
Si las propuestas de Rogers prosperan, Arizona podría convertirse en una de las jurisdicciones más favorables de Estados Unidos para la operación blockchain y un laboratorio regulatorio para la integración de las criptomonedas en la administración pública.
