Puntos claves de la noticia:
- La nueva ley fiscal de Brasil impone un gravamen del 30 % sobre las criptomonedas no declaradas.
- El programa REARP permite a los contribuyentes declarar activos digitales ocultos o infravalorados.
- Las transacciones con criptomonedas en Brasil crecieron un 110 % hasta alcanzar los 1,7 billones de reales el año pasado.
Brasil se prepara para introducir un nuevo marco fiscal dirigido a los activos digitales no declarados. La medida, actualmente en estudio en el Senado, impondría un cargo del 30% sobre las criptomonedas que no hayan sido previamente reportadas ante las autoridades fiscales. La propuesta, incluida en el Proyecto de Ley 458/21, fue aprobada por el Congreso Nacional el 29 de octubre y forma parte de una iniciativa más amplia para regular la declaración de patrimonios ocultos.
La legislación establece el Régimen Especial de Actualización y Regularización de Activos (REARP), que permitirá a los contribuyentes declarar bienes no declarados o subvaluados, incluidos tanto los bienes inmuebles como las criptomonedas.
Según la norma propuesta, los ciudadanos que decidan cumplir deberán pagar una tasa total del 30%, dividida en partes iguales entre el pago del impuesto y una multa administrativa. La valoración se basará en el precio del activo al 31 de diciembre de 2024.
Expansión del mercado de activos digitales
La propuesta llega en medio de un fuerte crecimiento en la actividad de los activos digitales en el país. Un informe reciente de Chainalysis estimó que las transacciones con criptomonedas en Brasil alcanzaron 1,7 billones de reales entre mediados de 2024 y mediados de 2025, lo que representa un aumento del 110% en un año. Las stablecoins han estado en el centro de ese crecimiento, utilizadas principalmente para remesas, pagos comerciales y transferencias empresariales.
Las autoridades ven la medida como una forma de garantizar transparencia regulatoria y al mismo tiempo aumentar los ingresos fiscales. La política busca alinear las prácticas tributarias de Brasil con la magnitud de su economía digital, que ha atraído cada vez más atención de inversores y reguladores.
La propuesta también ha generado tensión política. Legisladores de la oposición, entre ellos Sóstenes Cavalcante y Gilson Marques, criticaron el plan calificándolo de “expediente gubernamental” para incrementar la recaudación.
Los partidarios, en cambio, sostienen que la reforma es necesaria para estabilizar el presupuesto público de 2026 y formalizar los activos que hasta ahora permanecen fuera de la supervisión estatal.
